close
NacionalesTitulares

Correa señala que “Consulta popular es un grave rompimiento del estado de derecho en Ecuador”

GABINETE ITINERANTE 120 EN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS, 10 DE F

I.- ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DESTROZADOS CON LA INCONSTITUCIONAL CONSULTA Y CONVOCATORIA.

Art. 104 de la Constitución dispone que en “todos los casos de Consulta Popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Art. 438, numeral 2 de la Constitución establece que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatorias a consultas populares de carácter nacional.

Art. 441 a 444 de la Constitución disponen que corresponde a la Corte Constitucional verificar si las preguntas a plantear alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, establecen restricciones a los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, o modifican el procedimiento de reforma de la Constitución. De presentarse estos supuestos, las modificaciones constitucionales solo pueden realizarse a través de una asamblea constituyente y no a través de una consulta popular o referéndum.

Art. 443 de la Constitución dispone que corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución.

Art. 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante “LOGJC”) dispone que “todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde”.

Art. 104 y 105 de la LOGJC, la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de los considerandos que introducen a las preguntas, así como la constitucionalidad del cuestionario mismo. Es así que la Corte Constitucional debe verificar, interalia, si no se induce a respuesta al electorado, si hay concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo, si se emplea un lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el electorado, si existe relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, si no se proporciona información superflua o ninguna otra que no guarde relación con el texto normativo a ser aprobado por el electorado, si se formula una sola cuestión por cada pregunta, etc.

Art. 127 de la LOGJC dispone que la Corte Constitucional “realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular”.

Art. 184 del Código de la Democracia dispone: “El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la decisión de la Presidenta o Presidente de la República, de la Asamblea Nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que amerite, convocará en el plazo de quince días a referéndum o consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.”

En resumen, correspondía que la Corte Constitucional realice de manera automática y obligatoria un control constitucional de las reformas constitucionales planteadas por el presidente Moreno, control que debía incluir una decisión sobre:

  1. a) Si las preguntas planteadas por Moreno alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, establecen restricciones a los derechos y garantías ciudadanas, o modifican el procedimiento de reforma de la Constitución;
  2. b) La vía idónea para realizar las modificaciones constitucionales solicitadas. De presentarse los supuestos indicados en el literal a), la vía idónea es una asamblea constituyente. En caso de no presentarse los supuestos indicados en el literal a), la Corte Constitucional debía elegir entre consulta popular, referéndum o autorizar que se realicen las reformas en el seno de la Función Legislativa; y,
  3. c) Si los considerandos que introducen a las preguntas, así como el cuestionario mismo cumplen con los requisitos constitucionales y legales.

No ha existido ninguna clase de control constitucional por parte de la Corte Constitucional.  Las reformas requeridas por el Presidente de la República están siendo presentadas al pueblo tal cual el Presidente las propuso, sin que haya mediado de por medio ninguna revisión judicial o administrativa que controle si dichas reformas afectan los derechos de los ciudadanos y la estructura democrática y republicana del país.

LEA MÁS ECONOMÍA EN BICICLETA

Confirmado.net

Etiquetas : CONSULTA POPULAREcuadorLENÍN MORENORAFAEL CORREA