La Asamblea Nacional deberá analizar 12 propuestas con el objetivo de frenar la corrupción en la administración pública. Nueve de estas iniciativas se presentaron después de que en 2017 estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht. Otras tres iniciativas reposan en el Legislativo desde 2016 y hasta el momento no han sido tramitadas.

Entre las reformas que han llegado a la legislatura están: eliminar el informe previo de la Contraloría, aumentar la sanción del tráfico de influencias, declarar la muerte civil de los sentenciados, sancionar el intento de cohecho entre privados, impedir la contratación con empresas corruptas, crear la figura de ‘investigación compleja’, tipificar la corrupción como un delito, revisar la proporción de las sentencias, impedir la destitución de servidores judiciales con las figuras de error inexcusable, dolo y negligencia y liquidar el patrimonio de sentenciados.

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