Trabajadores piden 10% de alza salarial

La Constitución en la disposición XXV menciona: “La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar”.

Si los gobiernos cumplieran, en estricto derecho, la Constitución posiblemente nuestros salarios  hubieran alcanzado la canasta básica.  La progresividad del salario que establece la Constitución, implica que cada año el alza salarial debe propender al mejoramiento de los salarios y no a su retroceso.

Las propuestas de alzas salariales no pueden retroceder, pero lo que observamos es que no se cumple con la progresividad y que los salarios se han estancado en perjuicio de los trabajadores. Por ejemplo, desde el 2008, en que hubo un alza del 8%, igual a 30 dólares, los salarios se han ido reduciendo tanto en porcentajes como en cantidades, mientras la canasta básica ha subido el doble que los salarios (Ver Cuadro adjunto).

Cuadro 1. Evolución de reajustes salarios vs canasta básica

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Año Salarios

(dólares)

Canasta básica (dól.) Inflación

(%)

Alza en (dólares)
2006 160 447,63 2,87
2007 170 460,8 3,32 10
2008 200 500,35 8,83 30
2009 218 520,77 4,31 18
2010 240 538,64 3,33 22
2011 264 561,12 5,41 24
2012 292 588,88 4,16 28
2013 318 608,91 2,7 26
2014 340 632,19 3,67 22
2015 354 657,68 3,38 14
2016 366 691,88 2,3 12
2017 375 706,31 -0,38 9

Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador

Elaboración: CEDOCUT, 2017

Como vemos existe una violación flagrante a la Constitución, porque no existe tal progresividad en la revisión salarial.

En este contexto la propuesta del 10% de los trabajadores, no es que sea una propuesta estrictamente técnica, sino una propuesta técnica social de equidad, que implica recuperar el poder adquisitivo y no una indexación de la inflación, que es lo que los gobiernos y los empresarios siempre han aprobado, y que jamás se han ajustado a la realidad en que viven el pueblo ecuatoriano y los trabajadores.

Este reajuste gobierno-empresarial solo alcanza a una fracción de la población; en 2016 fueron 350 mil trabajadores a quienes se les subió con la fórmula ilegal de la indexación a la inflación. Cabe explicar que un trabajador que gane una décima más del salario básico, es decir 375,01 dólares, queda excluido del supuesto aumento, lo que es injusto e ilegal.

Por ello planteamos, además, que el reajuste se lo haga de manera general para todos los trabajadores y trabajadoras, sean del sector público (cuyos salarios están congelados por más de 9 años) o del sector privado.

¿Cómo, nos preguntamos los trabajadores, el sector empresarial quiere dinamizar la economía con un salario irrisorio que amputa las posibilidades de mejorar el poder adquisitivo del salario de los obreros? Con los salarios a la baja no se puede elevar la capacidad de consumo, por lo contrario existe un estancamiento de la economía. El propio representante de la Cámara de la Construcción admite, cuando menciona que uno de los problemas de la crisis del sector es que los trabajadores tienen salarios bajos y no son susceptibles de crédito para una vivienda.

No es cierto que un incremento del 10% al salario que planteamos los trabajadores vaya a perjudicar a la economía o al sector empresarial. Al respecto, es aleccionador el ejemplo de Portugal, un país en crisis que no siguió las recetas del FMI, que triplicó los salarios, permitiendo que la capacidad adquisitiva y de consumo crezcan. Esta medida no atentó a la economía de ese país, sino por el contrario la impulsó hasta registrar índices de crecimiento: No  quebró empresas ni existieron despidos. Hoy en día este país tiene un crecimiento del 2% del PIB.

Por ello, insistimos que es posible un alza del 10% y que esto permitirá la recuperación del país, porque habrá un consumo interno que posibilitará una dinamización de la economía en general, de la economía empresarial y una mejor recaudación de impuestos para cubrir los déficits existentes. Sin embargo, para que este planteamiento se haga realidad, se requiere, primero, sensibilidad del empresariado y un acuerdo tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores) para constituir unidades de control de precios de los  productos de la canasta básica y trazar plantes para una constante lucha contra la corrupción y la evasión tributaria, males que aquejan a nuestro país.

Confirmado.net / CEDOCUT

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