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La obligación legal de que para que la Fiscalía inicie investigaciones por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito es necesario tener un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría, hace que el fiscal general Carlos Baca crea que por el momento no podrá cumplir con una parte de la disposición del Tribunal que emitió su sentencia, el miércoles último, en el caso por asociación ilícita Odebrecht.

En la parte final de la sentencia oral con la que se condenó a seis años de reclusión al vicepresidente Jorge Glas, el conjuez Édgar Flores, ponente del Tribunal, disponía que al existir la presunción del cometimiento de otros delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada, se debían remitir piezas procesales del expediente por asociación ilícita a la Fiscalía para que los investigue.

Baca explicó que la Fiscalía ya lo venía haciendo por varias líneas (indagaciones previas e instrucciones fiscales) en varios de ellos, como concusión, lavado de activos y cohecho. Pero el funcionario reconoció que no puede iniciar un proceso por peculado o enriquecimiento ilícito sin un previo informe de la Contraloría.

Confirmado.net / El Universo

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