Las preguntas sobre la prohibición de la reelección indefinida y el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) centraron ayer la polémica en las audiencias que la Corte Constitucional (CC) llevó a cabo para escuchar los argumentos sobre la consulta popular. La diligencia estuvo presidida por la magistrada Tatiana Ordeñana, a quien acompañaron otros seis magistrados.
La jornada se caracterizó por la presencia de dos sectores: los que defienden la legalidad de esas preguntas y los que las impugnan, en su mayoría nombrados o vinculados en su momento al Gobierno de Rafael Correa.
Pero hubo un tercer grupo: los funcionarios de la Presidencia de la República, quienes por la naturaleza de sus cargos explicaron y defendieron la legalidad del proceso impulsado por Lenín Moreno.
Fue precisamente Diego Guarderas, subsecretario jurídico de la Presidencia, el primero en intervenir. Empezó así: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad”.
