La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.
La información, que desvela hoy el diario español El País, afirma que los investigadores del caso, bajo las órdenes de la juez del caso, Canòlic Mingorance, barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA y el pasado año este pequeño país, ubicado en los Pirineos, fronterizo con España y Francia, renunció al secreto bancario.
Según el periódico, ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas.
