España se encuentra ante uno de los mayores desafíos políticos de su último período democrático. La respuesta del Gobierno central ante la insumisión de la Generalitat catalana y una potencial declaración unilateral de independencia fue inédita: activar, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, el artículo 155 de la Constitución, jamás utilizado desde que el texto constituyente entró en vigor en 1978.
Se trata, en resumidas cuentas, de una cláusula de salvaguarda del Estado de derecho para la situación en la que una autonomía díscola no cumpla con las normas que le imponen la Constitución u otras leyes. Pero es más complicado. No se trata de disolver la autonomía ni sus órganos. Además, lo que dificulta verdaderamente la cuestión es que ninguna ley concreta desarrolló las «medidas necesarias” de las que habla el artículo, una ambigüedad que abre espacio a posibles decisiones discrecionales.
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