Se impone una regulación en redes sociales por mensajes de odio – ENFOQUE

Marco Antonio Bravo, director agencia ANDES

Quito, 5 jun (Andes) – En Ecuador se debate el proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet enviado a la Asamblea Nacional el pasado 23 de mayo por el ex presidente de la República, Rafael Correa.

La discusión se da en un país con una fuerte tendencia al uso de las redes sociales, especialmente vinculadas a hechos políticos. Se calcula que en Ecuador, existen alrededor de 11 millones de usuarios de Facebook; 1 millón y medio de Instagram; 1 millón 170 mil de LinkedIn y 700.000 de Twitter. (Datos del proyecto de Ley en mención).

La necesidad de regular los actos de odio y discriminación en redes sociales, no es patrimonio exclusivo de Ecuador o de los funcionarios del anterior y presente Gobierno. En América Latina varios países analizan esta posibilidad: Venezuela, Bolivia, Perú, Guatemala, México y Chile, este último debatió la posibilidad de crear una ley a la que llamarían “anti memes”.

Australia anunció un programa para monitorearlas en tiempo real y prevenir la propaganda terrorista; Francia quiere hacer legalmente responsables a las compañías como Facebook o Twitter que permitan alojar contenido xenófobo y Alemania aprobó recientemente una Ley que penaliza los discursos de odio en las redes sociales.

El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea aprobó en mayo de 2017 planes para hacer que las compañías de internet como Twitter, YouTube o Facebook luchen activamente contra el discurso del odio y la apología de la violencia en sus plataformas.

Las grandes compañías que equivalen a las redes sociales también imponen sus reformas, regulaciones y reglas. Respecto a casos de acoso o cyberbulling, Facebook aclara que las imágenes que degradan a un individuo o los vídeos de intimidación física que avergüencen a la víctima están totalmente prohibidos. La red social Twitter desarrolló un sistema de censura para impedir que mensajes que puedan resultar inadecuados en algunas culturas o países puedan estar al alcance de los usuarios en los territorios afectados.

La propuesta contenida en el proyecto de Ley en Ecuador, contempla un sistema de autorregulación de las mismas compañías proveedoras de redes sociales, de tal forma que estas cumplan con su responsabilidad social respecto de los contenidos que presentan, participando activamente para evitar toda forma de expresión que utilice este tipo de medios como herramienta de masificación de comentarios con contenido discriminatorio, principalmente aquel que busca generar daño refugiándose en el anonimato.

El objetivo directo que se persigue, es generar conciencia en los usuarios de las redes sociales, con la finalidad de persuadirlos a actuar con sensatez, para que cada persona asuma el impacto real del contenido que se genera en estos medios, y del daño que estos pueden provocar en nuestra sociedad.

La condición física del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, motivó ataques en redes sociales una vez que fue elegido. 

Reacciones y diferentes puntos de vista

Diferentes autoridades y sectores del Estado se han pronunciado ya sobre el contenido de este proyecto de ley que será tratado por la Función Legislativa próximamente.

Lenín Moreno, presidente constitucional de la República, recordó que en la campaña reciente: “Gracias al conjunto de mentiras, infamias y calumnias que se dijeron por redes, los ecuatorianos ya hemos aprendido que las redes no son, como pensábamos, una noticia; sino una expresión particular de una persona. La ofensa, la calumnia,  la injuria, que trata de lesionar, seguramente amerita una norma, pero esa norma tenemos que encontrarla conjuntamente”.

En tanto Verónica Arias, asambleísta de Loja y miembro del CAL, señaló que este proyecto está diseñado para garantizar la honra de todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, cargo o función pública o privada que ocupen. “Si a un ser humano le es arrebatado su buen nombre habrá perdido lo más valioso que tiene una persona”. Además explicó que esta norma podría contribuir a combatir agresiones como el acoso cibernético o el bulling que propician el descrédito de las personas por distintas causas.

Augusto Espinosa, ex ministro de Educación y actual asambleísta por el movimiento oficialista, considera que “debe haber un responsable de cada mensaje que se emite en las redes; creo que por ahí debe ir la ley para el control del delito de odio en las redes sociales. La ley es para todos, y precisamente es necesario normar el uso de estas redes sociales, y para mí normar este uso pasa porque exista una identidad real detrás de cada cuenta”.

Patricio Donoso, asambleísta por el movimiento opositor, CREO, no está de acuerdo con este proyecto de Ley porque considera que se atenta contra la libertad de expresión y porque esta figura ya está contemplada en la legislación nacional. “El odio ya está calificado como un delito en el Código Orgánico Integral Penal y si alguien es víctima de esto tiene que acudir al Código pero de allí a querer controlar las redes sociales aparte de desatinado, es impracticable e inconstitucional”.

Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fue uno de los funcionarios que alzó la voz para criticar el mal uso de las redes sociales durante la campaña electoral, incluso en la ceremonia de entrega de credenciales al binomio ganador de las elecciones presidenciales, pidió normar el uso de las mismas para no afectar la honra de las personas.

“La campaña electoral se centró en un manejo de redes sociales en las cuales se agredió indiscriminadamente a todos los seres humanos, independientemente de que hayan sido candidatos, adherentes a las organizaciones políticas o simples ciudadanos. Se emitieron calumnias, ofensas y hasta amenazas de muerte”, dijo a ANDES.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, fue objeto de mensajes de odio antes, durante y después de las elecciones del 2 de abril.  

Las redes sociales permiten un ejercicio democrático importante de la sociedad, pero que a pretexto de esa libertad se permita la agresión, el daño personal, el daño moral, el daño del aparato democrático es terrible.

La necesaria regulación en el manejo de las redes sociales tiene dos asuntos de fondo. El primero es que no exista anonimato y el segundo tal como lo menciona la Ley Orgánica de Comunicación, debe existir responsabilidad ulterior de la persona que emite comentarios a través de las redes sociales.

El artículo 16 de la Constitución de la República, consagra los derechos a la comunicación e información, en el cual se garantiza el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación; la regulación de los contenidos para evitar actos de odio y discriminación no va en contra de la norma legal.

Confirmado.net / Andes