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Informe concluye que los TBI no fueron determinantes para atraer inversión extranjera

La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Arbitraje en Materia de Inversionese (Caitisa) suscritos principalmente en la década de los 90′ concluyó que hubo ligereza en la firma de estos tratados  y que no se tomó en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país.

En este acto se recordó cómo desde instancias hegemónicas mundiales se impuso a los países en desarrollo la implementación de estos instrumentos que obligaba a someterse a tribunales de arbitraje internacional de dudosa imparcialidad y racionalidad económica y jurídica, establecidos para la supuesta solución de controversias entre Estados soberanos e inversionistas. Por ello, Ecuador ha sido pionero en denunciar los abusos de los TBI.

Cecilia Olivet, presidenta de la Caitisa, precisó que los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados por Ecuador siguieron un modelo de cláusulas con amplios privilegios a favor del inversor, con límites a la potestad del Estado para orientar la inversión extranjera y no protegieron el derecho del Gobierno de regulación.

La Caitisa, creada en 2013, consideró también que por lo menos seis árbitros presentaron conflicto de intereses durante los casos que arbitraban contra Ecuador. El total de demandas de inversores contra el Estado es de 21.200 millones de dólares, de los cuales 1.498 millones ya fueron desembolsados. Las demandas en casos abiertos aún es de 13.410 millones de dólares, es decir el 52% del Presupuesto General del Estado para 2017. Por lo cual los TBI no han sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país”, sostuvo Olivet.

El Presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que los TBI aparecen para atraer la tan ansiada inversión extranjera directa. Sin embargo esos tratados han debilitado la soberanía, han escondido multimillonarios negocios “Los TBI son el corolario vergonzoso de la supremacía del capital sobre los seres humanos”, enfatizó.

Olivet dijo que, como recomendación, los nuevos tratados deberían firmarse con base a un modelo alternativo que debe asegurar la capacidad del Estado de regular en materia social y medioambiental, sin la posibilidad de ser demandado. Por ello sugirió eliminar o reducir las clausulas más problemáticas que tiene los tratados de hoy; excluir la cláusula de solución de controversias Inversor-Estado; incluir derechos para el Estado como el de imponer requisitos de desempeño a las empresas.

Confirmado.net / El Ciudadano