El proyecto será tramitado en la Comisión de Participación Ciudadana cuya presidenta, Johanna Cedeño (PAIS), es la proponente del proyecto. Cedeño aseguró en su momento que la propuesta será ampliamente socializada y descartó los cuestionamientos de varios sectores por incluir en esta propuesta el contenido del Decreto 16, que regula a las organizaciones sociales y que de aprobarse se elevaría a Ley.
La polémica nació desde los primeros días en que el proyecto ingresó a la Asamblea, el 31 de marzo. A mediados de abril la Conaie con el apoyo de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó una acción de protección y una medida cautelar en contra del proyecto.
El objetivo era detener el trámite por considerar que si se aprueba se afectarían el derecho de asociación o consulta ambiental. Dirigentes de la Conaie manifestaron que no hubo consulta prelegislativa ni socialización con los pueblos y nacionalidades indígenas en la construcción del proyecto.