Pena por delito electoral va de 3 a 5 años de cárcel

Para evitar afectaciones en el desarrollo de la segunda vuelta electoral los fiscales estarán en las calles. Así lo afirmó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El objetivo es garantizar el desarrollo de las elecciones y evitar que se ponga en riesgo el proceso democrático, a través del cual los ecuatorianos elegirán al Presidente de la República, el 2 de abril próximo.

Esta medida obedece a los brotes de violencia que se generaron después de la primera vuelta del 19 de febrero (19F), sobre todo en los exteriores de las instalaciones del CNE en Guayaquil y Quito.

Actualmente están definiendo los detalles con la Fiscalía, anunció Pozo. El funcionario recordó que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen como delitos los que atenten contra los derechos de participación .

El artículo 331 de la norma hace referencia a la obstaculización de proceso democrático. “La persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la persona responsable es una o un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por el doble del tiempo que dure la pena privativa de libertad”.

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