Ecuador rechaza profundamente informe publicado por EEUU

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    En concordancia con los principios constitucionales que rigen la política exterior, el Estado ecuatoriano muestra su rotundo rechazo por la publicación del “Informe sobre la Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2017”, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

    El Ecuador no concede legitimidad a los informes, sobre diversos temas, que de manera periódica publica el Gobierno de Estados Unidos, pues no tiene atribuciones para emitir críticas, observaciones, recomendaciones o listas. Esta práctica, que tiene una clara intencionalidad política, violenta los principios de igualdad jurídica de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de países soberanos.

    A pesar de que el informe reconoce los logros que el Estado ecuatoriano ha alcanzado en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos financieros, adolece de un análisis contextualizado y sustentado. En ningún caso el Gobierno de los Estados Unidos pidió información oficial al Gobierno del Ecuador. Como consecuencia, el informe está plagado de graves omisiones, desconoce en su real magnitud los esfuerzos realizados por el Ecuador para controlar las actividades ilícitas en su territorio, y no representa de forma proporcionada el alcance de la cooperación bilateral entre ambos países en distintos ámbitos, como la interdicción marítima o el intercambio de información sobre transacciones financieras.

    El Ecuador ha enfrentado al narcotráfico desde una perspectiva integral no solo evitando que la droga llegue a los países consumidores, sino enfrentando la problemática que genera la droga en los países de tránsito, siendo uno de ellos el lavado de dinero consecuencia de dicha actividad ilícita. Para esto, el Ecuador ha institucionalizado y fortalecido los sistemas de control que permiten detectar transacciones inusuales e injustificadas a través de reportes obligatorios que las instituciones financieras deben emitir por sobre los 10.000 dólares.

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    En 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que está contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, sacó al Ecuador de su denominada lista negra por las decisiones políticas del Gobierno Nacional y que se relacionan con:

    • Garantizar una penalización adecuada del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Recomendación especial II del GAFI), es decir, se emitió un Código Orgánico Integral Penal (agosto 2014) que adecuó la normativa interna y punitiva a los estándares internacionales en esta materia.
    • Establecer e implementar los procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas respecto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (lista 1267 y 1373) – (Recomendación especial III del GAFI).
    • Implementar los procedimientos adecuados para confiscar fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación 3).

    En marzo del 2016 el Ecuador ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen (UNODC) como uno de los diez países más eficientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el mundo. De acuerdo al mencionado organismo, el Ecuador es el segundo país en Suramérica en incautaciones de cocaína, que representa el 10% del total incautado en Suramérica.

    El Ecuador se ha constituido en un referente internacional al ser el primer país que impulsó, a través de una consulta popular aprobada mayoritariamente, acciones concretas en contra de los paraísos fiscales y la corrupción, al no permitir que funcionarios públicos puedan tener activos o haberes en dichas jurisdicciones. A diferencia de los esfuerzos de Ecuador, varias jurisdicciones de Estados Unidos son consideradas paraísos fiscales debido a su laxa política fiscal y el abuso del sigilo bancario. El Gobierno del Ecuador conmina al Gobierno estadounidense a que cese la nociva práctica de emitir informes unilaterales, que socavan la soberanía nacional y no contribuyen a fortalecer la necesaria cooperación entre ambos estados para perseguir los delitos transnacionales.

    En particular, en el ámbito del combate al tráfico ilícito de estupefacientes, las aseveraciones del Departamento de Estado resultan especialmente graves considerando que los EE.UU. son el principal mercado mundial de consumo de sustancias estupefacientes, y que las autoridades de ese país no son capaces de controlar la inmensa demanda de estupefacientes, que ejercen una enorme presión sobre los países productores y de tránsito. El Gobierno del Ecuador alienta a las autoridades estadounidenses a asumir el enfoque de responsabilidades comunes y compartidas para atajar de manera integral la problemática de las drogas en la región.

    Frente al enfoque represivo y claramente ineficiente del Gobierno de los Estados Unidos, el Ecuador aborda la problemática de las drogas desde una perspectiva integral de salud pública, y no únicamente como un problema de seguridad, con énfasis en la prevención, la educación y la investigación científica.

    Asimismo, es necesario señalar que ciertos territorios de los Estados Unidos son considerados paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes y regímenes o jurisdicciones de menor imposición. El Gobierno del Ecuador  alienta encarecidamente a los Estados Unidos a que tomen  medidas en los ámbitos federal y estatal contra la laxitud de la legislación en materia fiscal y contra el secreto bancario, factores que facilitan los flujos ilícitos de capitales, la evasión y la elusión fiscal y el blanqueo de capitales.

    De igual manera, el Gobierno del Ecuador conmina al Gobierno de los Estados Unidos a colaborar con el Ecuador en la lucha que ha emprendido en contra del lavado de activos y devuelva a los prófugos protegidos en los Estados Unidos, en lo que constituye una clara obstrucción a la justicia ecuatoriana y un fomento inadmisible de la corrupción e impunidad.

    Confirmado.net / MREMH

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