Informe preliminar de Contraloría ratificaría sobreavalúo en terrenos que compró el gobierno a Seguridad Social de FF.AA.

    Los resultados provisionales del examen especial que efectuó la Contraloría General del Estado sobre la compra y venta de terrenos entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio del Ambiente (MAE) para la construcción de una parte del parque Samanes de Guayaquil coincide con el informe de la Procuraduría del Estado en el sentido de que se inobservaron normas legales en la negociación, lo que derivó en un sobre avalúo de unos 41 millones de dólares del predio.

    Este informe se da luego de la negativa del ISSFA a que se le descuenten los recursos que por demás pagó el MAE en 2010 por la compra de 66 lotes de terreno, ubicados en la zona de Samanes, en el norte de la ciudad portuaria de Guayaquil, por los que canceló la suma de 48 millones de dólares, según un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Miduvi (Dinac).

    El pronunciamiento de la Procuraduría del Estado de noviembre de 2015 señaló que en el proceso de negociación del predio no se cumplió con el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), vigente a la fecha de suscripción del contrato, en el que se establece que el precio del inmueble debe fijarse en función del avalúo realizado por el municipio en donde se encuentren dichos bienes y no por la Dinac. El Municipio de Guayaquil cotizó esos terrenos en 6’481.727 dólares.

    Por ello en esa oportunidad la Procuraduría solicitó a las partes que “procedan a la rectificación o  modificación de los aspectos que sean necesarios y del contrato correspondiente con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del Ministerio del Ambiente, al haber considerado un avalúo predial, distinto al que la ley y el reglamento aplicables preveían”.

    La Contraloría en el informe provisional del pasado 22 de marzo estableció que el MAE y el ISSFA “inobservaron” lo dispuesto en los artículos 226 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que ocasionó que el MAE cancele un valor superior de 41 millones de dólares al estipulado en la normativa aplicable para este tipo de operaciones.

    El informe de la Contraloría, al que tuvo acceso Andes, también destaca que al hacer el avalúo la Dinac no se tomó en cuenta que los 66 lotes de terreno de Samanes eran empleados como terrenos agrícolas y más bien se los consideró como predios urbanizados, lo que causó una “distorsión” en el avalúo total.

    Confirmado.net

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