Ecuador pide a CIDH archivar caso “Tagaeri y Taromenane»

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    Representantes del Gobierno ecuatoriano asistieron este lunes  a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, como parte del 156º período de sesiones.

    Ecuador participará en 3 audiencias públicas. El caso 12.979 sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri-taromenane. Acudirán por la parte de los demandantes la Conaie, a través del abogado Pablo Piedra Vivar (de Yasunidos).

    Según los demandantes, los actos de violencia del 26 de mayo de 2003, donde 26 taromenane fueron asesinados, y el enfrentamiento entre taladores ilegales e indígenas waorani en abril de 2006 fue por una invasión del territorio ancestral y explotación de recursos naturales permitida por el Estado.

    También denuncian la ausencia de medidas efectivas de protección que causó la retención de 2 niñas taromenane por parte de los waorani. Además, se realizará la audiencia sobre la situación de defensores de derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador. Participarán delegados de EarthRights International y de Acción Ecológica. Esta última ONG protagonizó protestas en contra del gobierno de Rafael Correa.

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    En este marco, los  representantes del Gobierno de Ecuador pidieron  a la CIDH archivar  el caso de los pueblos indígenas voluntariamente aislados en la Amazonía y supuestamente amenazados por la actividad de empresas petroleras, argumentando que están protegidos por el Estado.

    Según Ricardo Velasco, el Estado ha tomado medidas como ningún otro estado para la protección de los pueblos indígenas en régimen de aislamiento voluntario.

    Además sostuvo que el Estado ecuatoriano ha puesto en marcha diversos protocolos para proteger a las comunidades aisladas voluntariamente que habitan en la selva amazónica desde la muerte de indígenas en 2003, que es la única de las matanzas que se debería haberse tratado durante la audiencia.

    Para Velasco, “no se entiende la razón del caso. Se está vulnerando la seguridad jurídica del Estado y su derecho a un debido proceso». A su juicio   «no existe evidencia sobre las masacres, solo rumores».

    Confirmado.net/Agencias/Telégrafo/Foto CIDH

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