Estado ecuatoriano ofrecerá disculpas por violación de derechos humanos

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    El Estado ecuatoriano, a través del Comando de Operaciones Navales en Guayaquil, ofrecerá este viernes disculpas públicas por violaciones a los derechos humanos a Vicente Grijalva y a otros seis ex integrantes de la Marina ecuatoriana, informó la Fiscalía.

    Según el Ministerio Público, la apertura de la indagación previa de este caso por parte de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, consiguió que los organismos estatales entreguen una respuesta a los ofendidos, como acto de reparación por la vulneración de sus derechos.

    El caso Grijalva es uno de los 136 que investiga la Fiscalía General por presunto delito de lesa humanidad.

    En 1992, Grijalva,  en ese entonces Capitán de Corbeta de la Armada Nacional, informó a sus superiores sobre actos de tortura y asesinato ejecutados por integrantes de La Marina en 1985.

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    Las personas torturadas y asesinadas fueron dos integrantes de la Institución. También informó sobre la muerte de Stalin Bolaños  y la profesora Consuelo Benavides, presuntamente ejecutados por los marinos a los que denunció Vicente Grijalva.  

    Denunciar sobre la muerte de cuatro personas  le costó al Capitán de Corbeta -y a seis de sus subalternos- la baja de la Institución Armada, entre octubre y noviembre de 1992, por resolución del Consejo  de Oficiales Superiores a raíz de juicios ilegítimos.

    Estos actos que determinaron la baja de los funcionarios, fueron declarados “inconstitucionales” por el Tribunal de Garantías Constitucionales el 12 de septiembre de 1995, y ordenó a las Fuerzas Armada el “reintegro y reconocimiento” de todos los derechos de los perjudicados. Para ello el Tribunal dio un plazo de 30 días.

    Así consta en la sentencia No. 181-95 emitida por el Tribunal de Garantías. Sin embargo, se incumplió esta resolución constitucional.

    Una segunda sentencia, emitida el 5 de enero del 2012 por la Corte Constitucional, puntualizó que “no cabe duda de la arbitrariedad de las sucesivas autoridades, quienes no acataron la Resolución del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales (…)” y declaró en incumplimiento la resolución de 1995.

    En esa sentencia -con número 002-12-SIS-CC- también se ordenó la liquidación o reliquidación, a la que tuvieren derecho los marinos, perjudicados en el plazo de 45 días. Pero tampoco fue acatada por la Marina Ecuatoriana.

    En el 2015, el caso de Grijalva y sus seis subalternos se encuentra admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la espera de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

    Confirmado.net/Fiscalía

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