Asamblea insta a adoptar medidas para erradicar discriminación étnica y cultural

    Por unanimidad, 109 presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió instar a todas las funciones del Estado, para que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 060, suscrito el 28 de febrero de 2009, que indica “adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados, con el fin de generar oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población”.

    La resolución, de iniciativa de la asambleísta Zobeida Gudiño, busca implementar actividades encaminadas a la erradicación de todo de tipo de prácticas discriminatorias y racistas dentro del territorio ecuatoriano; promover acciones que permitan difundir el conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los pueblos y nacionalidades y de su contribución al desarrollo de la sociedad y la ciencia.

    También, fortalecer las normativas jurídicas nacionales e instar a que los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas refuercen los marcos jurídicos regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

    Así mismo, exhorta a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas que fortalezcan los marcos normativos en contra de la discriminación, específicamente en los casos de los migrantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades que padecen doble discriminación, por su etnia y su país de origen.

    De igual manera, a las Funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social y a los gobiernos autónomos descentralizados, para que en el marco de sus competencias, expidan las normas, para determinar y adoptar medidas apropiadas para eliminar los obstáculos identificados como factores que impiden el igual acceso y la presencia equitativa del pueblo indígena, pueblo montubio y afroecuatoriano en la administración pública en todos los niveles.

    Igualmente, exhorta a la Función Judicial a adoptar medidas necesarias para garantizar a favor de las víctimas el acceso a la justicia, a la información, a la protección efectiva de sus derechos, y a la reparación justa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. A todas las funciones del Estado, a dar respaldo y cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del Decenio Afrodescendiente: Justicia, Reconocimiento y Desarrollo.

    Delegó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, de la Asamblea Nacional, que dé seguimiento permanente a lo dispuesto en esta resolución.

    Zobeida Gudiño, tras recordar que el 21 de marzo se conmemoró el año en el cual se busca erradicar todo tipo de discriminación racial en todos los países, señaló que según datos estadísticos el 62% de los ecuatorianos/as admite que en el país existe el racismo y discriminación, pero solo el 10% se considera abiertamente racista. De acuerdo con la condición socio racial, se confirma que los afroecuatorianos/as son víctimas del racismo (88%), seguidos por nacionalidades y pueblos indígenas/as (71%).

    En cuanto a la discriminación racial, se reveló que los afroecuatorianos/as son el grupo que más ha experimentado este fenómeno en el último año (44%), siendo la calle (63%), el barrio (38%), los autobuses (37%) y las oficinas públicas (36%) los lugares donde más se ha sufrido la discriminación racial. Sobre discriminación laboral: afroecuatorianos/as (13%); nacionalidades y pueblos indígenas (10%).

    Precisó que a partir del 1 de enero de 2015 se decretó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes por parte de las Naciones Unidas, iniciativa que marca un derrotero fundamental para concretar los com­promisos y obligaciones que tienen los distintos estados nacionales y la sociedad civil en la resolución de los problemas estructurales que continúan perpetuando la exclusión y la discriminación de los pue­blos afrodescendientes.

    Confirmado.net/Asamblea 

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