El arquitecto Luis Suárez, uno de los expertos de la Unión Europea que brinda asesoría a la Comisión de Gobiernos Autónomos, para la construcción del proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo indicó que el proceso avanza de manera satisfactoria.
La primera fase del trabajo estuvo orientada a realizar un diagnóstico del territorio para conocer la realidad de la gestión del suelo y del territorio en Ecuador; posteriormente, recopilaron la legislación ecuatoriana y realizaron una comparación de normativas de otros países, específicamente, de Sudamérica y la Unión Europea.
También, efectuaron un diagnóstico de los problemas y las realidades urbanísticas y territoriales con entrevistas directas con representantes de los gobiernos autónomos de distintas provincias como son: Imbabura, Pichincha, Azuay, Guayas, Galápagos, así como de distintos niveles de gestión y parroquias.
Por último, desarrollaron un análisis en base a un cuestionario técnico que se envió a todos los gobiernos autónomos del país para que puedan transmitir sus expectativas para la construcción de esta propuesta legal.
Suárez explicó que el equipo de trabajo, del que forma parte, está conformado por un grupo amplio de asesores de la Asamblea Nacional y tres consultores de la Unión Europea. Está dirigido por un jurista español con experiencia en la redacción de legislación de suelo, Marcos Baquer y que el tercer consultor, que se incorporará luego, será un especialista en sistemas de información.
El experto señaló que el primer borrador del cuerpo legal podría estar listo en abril de este año e incluye definir el proceso de información que lleva aparejado la gestión de territorio y suelo en temas de información geográfica y cartografía. Específicamente la consultoría concluye con la entrega de los insumos del proyecto de ley, mismo que contendrá una serie de anexos y estudios donde se justifican las razones en las que se basa la propuesta legal.
Dijo que para conocer la realidad del territorio tienen el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados y en particular de la Asociación de Municipalidades, al resaltar que en la normativa constitucional y legal ecuatoriana está claramente establecido el rol de los cantones y municipalidades cuya competencia exclusiva radica en materia de uso y utilización del suelo, por lo tanto, son los protagonistas institucionales en materia de urbanismo, pero en lo que se refiere a ordenamiento territorial también las parroquias y las provincias deben establecer planes de desarrollo y ordenamiento territorial porque tienen competencias compartidas.
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