El Telégrafo: La venta de Teleamazonas estaba asegurada con un crédito y las utilidades

    En los contratos de compra-venta de acciones de Teleamazonas se estipulaba una opción para que 135 empleados del canal pudieran adquirirlas no solo a través del préstamo con Banco Pichincha -cuyo principal inversionista es Fidel Egas Grijalva, dueño de dicho medio de comunicación- sino también cancelar el saldo pendiente con las utilidades que generase la compañía Centro de Radio y Televisión (Cratel C.A.), razón social de la televisora.

    Se estipuló aquello pese a que, según investigó y determinó la Superintendencia de Compañías, “Cratel reportaba pérdidas considerables de manera consistente” en esos años.

    Así consta en la demanda civil entablada el 20 de febrero pasado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), por lo que califica como una “simulación” fraudulenta en la venta de acciones.

    En manos del Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha está ahora determinar si con la “simulación” detectada por el organismo de control se habría violentado el artículo 312 de la Constitución, el mandato popular del 7 de mayo de 2011, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (LORCPM), la Ley de Mercado de Valores, la Ley General de Seguros y el Registro Oficial 555 del 13 de octubre de 2011.

    En la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que Cratel y Teleamazonas Guayaquil S.A. declararon cero en la generación de utilidades y, por ende, no pagaron el Impuesto a la Renta (IR) desde 2003 hasta 2010 (ver gráfico), año en que se concretó la venta de acciones del canal.

    En la demanda de la SBS consta que “no existe una real capacidad de pago de acciones compradas, puesto que los compradores dependen del crédito otorgado por la entidad financiera del mismo sujeto vinculado. El pago del préstamo y del saldo por la compra de las acciones depende de utilidades cuya eventualidad está en manos de los constituyentes y beneficiarios, que son las mismas empresas de Egas”.

    El superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidió al juez “la nulidad de los contratos de compra-venta de acciones y los consecuentes contratos de Encargo Fiduciario y prenda ordinaria de comercio, así como la nulidad absoluta por los actos jurídicos de simulación en fraude al Derecho Público y por la retención en que incurren entidades financieras y personas naturales y jurídicas”, vinculadas a Egas.

     

    Sin embargo, en la misma demanda Solines puntualizó que la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos de fideicomiso “deberá salvar los derechos de posibles terceros de buena fe que hayan intervenido en negociaciones legítimas relacionadas con las acciones y derechos de las compañías dueñas de las acciones de Teleamazonas”.

    Ayer se buscó la reacción del periodista Milton Pérez, quien consta como representante de los empleados del canal que compraron las acciones, pero en Teleamazonas se indicó que no dispone de correo electrónico personal para consultarle respecto a la presunta afectación en contra de los colaboradores de Teleamazonas, como reporta la demanda civil. Freddy Paredes, periodista del canal y quien también consta en la lista de compradores de acciones, fue contactado vía celular y dijo que prefiere no opinar y que sean las autoridades del canal quienes lo hagan.

    Un análisis del SRI sobre la capacidad de pago de 26 de los 161 compradores de las acciones de Teleamazonas, identificó que varios de ellos se endeudaron por encima de su capacidad real y determinó que su crédito con Banco Pichincha y la Inmobiliaria Río Pacífico (Inriopa S.A.) está vencido.

    Esos 161 compradores firmaron contratos de encargo fiduciario para la custodia y enajenación de las acciones en caso de incumplimiento, a través de los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, administrados por Produfondos.

    Ante la demanda presentada en contra del Banco Pichincha por incumplir con la obligación jurídica de vender de manera “perpetua e irreversible” las acciones que mantenía en Teleamazonas, el presidente adjunto de la entidad financiera, Antonio Acosta Espinosa, el martes pasado manifestó: “La demanda no menciona ninguna infracción cometida por el Banco, y consecuentemente no solicita ninguna sanción contra esta institución”. Acosta consideró que, en cuanto al Banco se refiere, la demanda es improcedente.

    Dijo que esa entidad financiera reconoce que el plazo para la venta de acciones vencía en octubre de 2010, por lo que en dichos fideicomisos enajenaron la totalidad de sus acciones a un grupo empresarial del Perú, experto en comunicación; a funcionarios y empleados del mismo canal; y a empresarios de Quito y Guayaquil.

    En cuanto al Grupo República, la SBS identificó que pagó el 10% inicial de la compra de acciones de Teleamazonas mediante dos transferencias desde el Banco de Crédito del Perú en diciembre de 2010, y que los 135 empleados del canal (periodistas, camarógrafos y técnicos) y 26 personas naturales externas a las compañías que eran dueñas del canal, lo hicieron mediante préstamo.

     

    El Telégrafo/ Confirmado.net

    - Publicidad Bottom Ad -