La primera sala de Garantías Penales de Pichincha inició ayer la audiencia para resolver si se concede la nulidad al llamado a juicio en contra de doce sospechosos de ocasionar los daños en Ecuador TV durante las revueltas del 30 de septiembre de 2010.
La convocatoria a juicio se realizó en agosto de 2011 luego de la audiencia preparatoria realizada por el juzgado quinto de Garantías Penales. El proceso inició el 19 de noviembre del 2010 con la audiencia de formulación de cargos en contra de José Luis y Pablo Guerrero, Víctor Erazo, Galo Montoverde, Patricio Fajardo, Juan Carrasco, María Crespo, Francisco Endara Daza y Xavier Montesdeoca.
Ellos fueron acusados de ingresar violentamente y destruir las instalaciones del canal. La audiencia preparatoria de juicio realizada en agosto contó con la participación del fiscal Galo Chiriboga. Durante la diligencia, a cargo del juez Raúl Martínez, se exhibieron vídeos, fotos y resultados de peritajes, en los cuales el fiscal determinó la participación de cada uno de los investigados.
Precisamente el inicio de una instrucción fiscal, 46 días después de registrados incidentes, fue uno de los cuestionamientos que realizó José Guerrero, defensor de José y Pablo.
El abogado cuestionó a la Fiscalía por el tratamiento del caso como flagrante a pesar de que la instrucción fue abierta casi un mes y medio después. Indicó que José Luis Guerrero nunca fue notificado sobre inicio de la instrucción fiscal porque salió del país unos días antes. Reiteró que la Fiscalía debía ubicarlo para dicho fin.
Este fue uno de sus argumentos para demandar la nulidad de la convocatoria a juicio. Pero el fiscal Gustavo Benítez insistió en que la Fiscalía sí informó de la apertura del caso a la dirección que ellos establecieron. Según el funcionario, si un sospechoso está fuera del país no es motivo para detener el proceso.
La diligencia fue suspendida a mediodía y se reinstaló a las 15:00. Hasta el cierre de esta nota habían intervenido los defensores de cinco procesados.
Los hermanos Guerrero y otras 10 personas fueron responsabilizados de la destrucción que sufrieron puertas y equipos del canal estatal el día de la revuelta policial.
La denuncia fue presentada por el ministro José Serrano y la acusación particular por Enrique Arosemena, en ese entonces gerente general y representante legal de Ecuador TV.
La primera sala está presidida por Anacélida Burbano. En la audiencia también participó Xavier Cazar, procurador judicial del acusador particular.
El proceso se ha dilatado por casi dos años. Entre los obstáculos para el desarrollo de la causa constan varios pedidos de recusación, excusas de los jueces, recursos de hecho, entre otros incidentes.
El 10 de abril de 2012 se presentaron tres demandas de recusación en contra de los jueces titulares Patricio Arízaga, Jorge Villarroel y Marco Maldonado. También hubo el desistimiento de continuar con la acusación particular que en su momento presentó Arosemena en contra de Graciela Crespo.
La destrucción de bienes públicos está tipificada en el artículo 158 del Código Penal y contempla penas que van desde los ocho hasta los doce años de reclusión. Según las investigaciones de la Fiscalía, el día de la protesta de los policías, varias personas valiéndose de la conmoción incitaron «a los miembros de la fuerza pública de manera deliberada a revelarse contra el orden constituido».
Según la Fiscalía, «en estas circunstancias fue aprehendido Max Marín, quien a las 18:00 aproximadamente ingresó al canal junto a otras personas de forma abrupta, esto es fracturando las seguridades del canal, pese a que los directivos de la estación televisiva habían admitido que salgan al aire».
Expreso/ Confirmado.net
