Gobierno decreta creación de comisión para auditar tratados de protección recíproca

    El Gobierno ecuatoriano decretó la creación de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA).

    La Constitución en su artículo 339 determina que la inversión extranjera directa estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

    Esta comisión que estará adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), dirigirá, examinará y evaluará el proceso de firma y negociación de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) y otros acuerdos de inversión suscritos por el Ecuador y las consecuencias de su aplicación, además el contenido y compatibilidad de estos tratados con la legislación ecuatoriana.

    Dicha comisión tendrá una duración de 8 meses calendario, prorrogables por una única vez a criterio de la Senplades, además entregará informes cada 2 meses, durante el período que duren sus funciones, y podrá entregar en cualquier momento recomendaciones sobre casos particulares que considere de urgente atención.

    Así mismo analizará la aplicación de las cláusulas de sometimiento a arbitraje internacional y de las reglas procesales dentro de los procesos de arbitraje internacional en relación con lo previsto en los TBI.

    Confirmado.net

     A continuación se detalla el decreto 

    CONSIDERANDO:

    Que la Constitución en su artículo 339 determina que la inversión extranjera directa

    estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a

    la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades

    definidas en el Plan Nacional de Desarrollo;

    Que el artículo 422 de la norma señalada declara que no se podrán celebrar tratados o

    instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción

    soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de

    índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas;

    Que los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución consagran el derecho a la participación

    en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos

    aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán de

    manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos

    públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus

    representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;

    Que existe una urgente necesidad de una revisión de los Tratados de Protección

    Recíproca de Inversiones;

    Que los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales del Ecuador reunidos en

    Asamblea en el IV Encuentro de Pueblos y Organizaciones Sociales expresaron, a

    través del Mandato de los Pueblos, su inconformidad con el pago de las

    indemnizaciones debidas a compañías extranjeras a causa de decisiones arbitrales en

    materia de inversiones por considerarlas injustas y carentes de toda legitimidad; y,

    En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 147 numeral 5 de la

    Constitución y 11 letra g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

    Función Ejecutiva,

    DECRETA:

    Art. 1.- Créase la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de

    Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia

    de Inversiones CAITISA, adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y

    Desarrollo, con sede en la ciudad de Quito.

    Art. 2.- Se define como auditoría integral ciudadana la acción fiscalizadora con

    acompañamiento ciudadano dirigida a examinar y evaluar: i) el proceso de firma y

    negociación de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) y

    otros acuerdos de inversión suscritos por el Ecuador y las consecuencias de su

    aplicación; ii) el contenido y compatibilidad de estos tratados con la legislación

    ecuatoriana; iii) la validez y la pertinencia de las actuaciones y los procedimientos

    adoptados y los laudos y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones que son

    parte del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones que han conocido

    procesos arbitrales en contra del Ecuador, con el fin de determinar la legalidad,

    legitimidad y licitud de sus decisiones e identificar inconsistencias e irregularidades que

    hayan provocado o puedan provocar impactos al Estado ecuatoriano en términos

    económicos, sociales y ambientales, y a los pueblos y nacionalidades; yArt. 3.- Son funciones primordiales de la CAITISA:

    a) Definir una metodología para realizar una auditoría integral de cada uno de

    los tratados de protección recíproca de inversiones suscritos por el Ecuador;

    de las disposiciones en materia de inversiones contenidas en instrumentos

    internacionales de los que Ecuador es parte y en otros instrumentos de

    derecho internacional público y privado relacionados con inversiones y

    arbitraje internacional; de la aplicación de las cláusulas de sometimiento a

    arbitraje internacional y de las reglas procesales dentro de los procesos de

    arbitraje internacional en relación con lo previsto en los TBI’s; de las

    actuaciones y decisiones de los órganos y jurisdicciones a los que éstos

    transfieren la competencia para el tratamiento de controversias en materia de

    inversiones extranjeras; y para la determinación de los impactos

    mencionados en el artículo 2;

    b) Auditar conforme a esa metodología: los tratados, convenios e instrumentos

    legales, públicos y privados, nacionales e internacionales; el sometimiento a

    reglas, procedimientos y órganos arbitrales en materia de inversión

    extranjera que el Ecuador haya suscrito, que hayan dado o puedan dar lugar a

    procedimientos arbitrales internacionales para solución de controversias; las

    deficiencias contenidas en las actuaciones, laudos y decisiones de los

    órganos y jurisdicciones del sistema de arbitraje internacional; que hayan

    causado o puedan causar perjuicios al Estado ecuatoriano, y establecer en

    cada caso:

    1. Los antecedentes jurídicos y fácticos, así como cualquier evidencia

    que sirva de soporte para determinar las motivaciones y sustento de

    su firma y suscripción, o de inicio de la acción;

    2. El impacto social, económico, ambiental y jurídico;

    3. Determinar las obligaciones que se hayan derivado o puedan

    derivarse para el Estado ecuatoriano;

    4. Las disposiciones y cláusulas específicas que padezcan de

    inconsistencias o se consideren inconformes con el derecho

    ecuatoriano y el derecho internacional público;

    5. El detalle de i) actuaciones, laudos y decisiones arbitrales en los que

    pueda detectarse conflictos de interés, interpretación o aplicación

    errónea del derecho internacional o ecuatoriano; ii) condenas y

    montos pagados en virtud del cumplimiento de laudos arbitrales; iii)

    rol de los terceros financiadores, en caso de existir.

    6. El proceso operativo y desempeño económico, social y ambiental de

    empresas que llevaron a cabo acciones contra el Estado ecuatoriano;

    7. Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades

    civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades

    pertinentes;8. Proponer medidas jurídicas y políticas alternativas respecto de los

    acuerdos de Inversión y del Sistema de Arbitraje Internacional en

    materia de inversiones; y,

    9. Investigar cualquier otra información o circunstancia que se

    considere pertinente.

    c) Conformar un sistema de información que permita realizar análisis sobre la

    pertinencia de la firma y contenido de acuerdos internacionales sobre

    inversión extranjera, procedimientos, normativas y órganos arbitrales

    internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones.

    Para ello se deberá recopilar toda la información sobre el tratamiento de la

    inversión extranjera en el Ecuador y sobre procesos de solución de

    controversias en esa materia que repose en las entidades públicas;

    d) Establecer un sistema de transparencia de la información sobre los

    instrumentos legales, procesos, decisiones y órganos auditados;

    e) Establecer un mecanismo de participación y acompañamiento ciudadano al

    proceso de auditoría; y,

    f) Expedir el reglamento interno de la comisión.

    Art. 4.- La CAITISA está autorizada para auditar y transparentar todo el contenido de

    los instrumentos para el tratamiento de la inversión extranjera y solución de

    controversias en esa materia, auspiciados y suscritos por el Estado y sus instituciones.

    Art. 5.- La CAITISA tendrá una duración de 8 meses calendario, prorrogables por una

    única vez a criterio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La

    Comisión entregará informes cada 2 meses, durante el período que duren sus funciones,

    y podrá entregar en cualquier momento recomendaciones sobre casos particulares que

    considere de urgente atención.

    Art. 6.- La Comisión Integral Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de

    Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional

    (CAITISA), estará integrada por:

    a) Cuatro representantes de instituciones del Estado:

    1. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado;

    2. El Secretaria Nacional de la Política, o su delegado;

    3. El Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, o su

    delegado; y,

    4. El Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, o su

    delegado.

    b) Cuatro expertos o investigadores internacionales provenientes de organizaciones

    de la sociedad civil, con sus respectivos suplentes, especialistas o con

    experiencia en derecho internacional y/o derecho de inversiones y/o arbitraje

    internacional, a ser seleccionados por los representantes de las instituciones del

    literal a). c) Cuatro representantes de las organizaciones y/o movimientos sociales con

    experiencia en derecho internacional y/o derecho de inversiones y/o arbitraje

    internacional, que serán seleccionados por las instituciones del literal a).

    Los miembros de la Comisión, una vez designados, elegirán las dignidades de

    presidencia y vicepresidencia de la misma por mayoría de los miembros.

    Art. 7.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente de la CAITISA tendrá las

    siguientes atribuciones, deberes y obligaciones:

    a) Definir y proponer a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la

    contratación de asesorías técnicas nacionales e internacionales;

    b) Contratar al personal de planta que será el mínimo imprescindible para cumplir

    las funciones y objetivos de la Comisión;

    c) Firmar convenios de cooperación relacionados con las labores de esta comisión.

    d) Convocar y presidir las sesiones; y,

    e) Representar legalmente a la Comisión.

    Art. 8.- Todas las instituciones del sector público estarán en la obligación de

    proporcionar la información que solicite la Comisión para el cumplimiento de sus

    funciones.

    Art. 9.- El presupuesto de la Comisión será financiado a través del Presupuesto General

    del Estado, con cargo a las partidas de la Secretaría Nacional de Planificación y

    Desarrollo.

    Disposición Final.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin

    perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese a la

    Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

    Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a

    RAFAEL CORREA DELGADO

    PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

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