El Gobierno ecuatoriano decretó la creación de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA).

La Constitución en su artículo 339 determina que la inversión extranjera directa estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta comisión que estará adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), dirigirá, examinará y evaluará el proceso de firma y negociación de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) y otros acuerdos de inversión suscritos por el Ecuador y las consecuencias de su aplicación, además el contenido y compatibilidad de estos tratados con la legislación ecuatoriana.

Dicha comisión tendrá una duración de 8 meses calendario, prorrogables por una única vez a criterio de la Senplades, además entregará informes cada 2 meses, durante el período que duren sus funciones, y podrá entregar en cualquier momento recomendaciones sobre casos particulares que considere de urgente atención.

Así mismo analizará la aplicación de las cláusulas de sometimiento a arbitraje internacional y de las reglas procesales dentro de los procesos de arbitraje internacional en relación con lo previsto en los TBI.

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 A continuación se detalla el decreto 

CONSIDERANDO:

Que la Constitución en su artículo 339 determina que la inversión extranjera directa

estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a

la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades

definidas en el Plan Nacional de Desarrollo;

Que el artículo 422 de la norma señalada declara que no se podrán celebrar tratados o

instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción

soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de

índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas;

Que los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución consagran el derecho a la participación

en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos

aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán de

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos

públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;

Que existe una urgente necesidad de una revisión de los Tratados de Protección

Recíproca de Inversiones;

Que los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales del Ecuador reunidos en

Asamblea en el IV Encuentro de Pueblos y Organizaciones Sociales expresaron, a

través del Mandato de los Pueblos, su inconformidad con el pago de las

indemnizaciones debidas a compañías extranjeras a causa de decisiones arbitrales en

materia de inversiones por considerarlas injustas y carentes de toda legitimidad; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 147 numeral 5 de la

Constitución y 11 letra g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva,

DECRETA:

Art. 1.- Créase la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de

Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia

de Inversiones CAITISA, adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo, con sede en la ciudad de Quito.

Art. 2.- Se define como auditoría integral ciudadana la acción fiscalizadora con

acompañamiento ciudadano dirigida a examinar y evaluar: i) el proceso de firma y

negociación de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) y

otros acuerdos de inversión suscritos por el Ecuador y las consecuencias de su

aplicación; ii) el contenido y compatibilidad de estos tratados con la legislación

ecuatoriana; iii) la validez y la pertinencia de las actuaciones y los procedimientos

adoptados y los laudos y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones que son

parte del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones que han conocido

procesos arbitrales en contra del Ecuador, con el fin de determinar la legalidad,

legitimidad y licitud de sus decisiones e identificar inconsistencias e irregularidades que

hayan provocado o puedan provocar impactos al Estado ecuatoriano en términos

económicos, sociales y ambientales, y a los pueblos y nacionalidades; yArt. 3.- Son funciones primordiales de la CAITISA:

a) Definir una metodología para realizar una auditoría integral de cada uno de

los tratados de protección recíproca de inversiones suscritos por el Ecuador;

de las disposiciones en materia de inversiones contenidas en instrumentos

internacionales de los que Ecuador es parte y en otros instrumentos de

derecho internacional público y privado relacionados con inversiones y

arbitraje internacional; de la aplicación de las cláusulas de sometimiento a

arbitraje internacional y de las reglas procesales dentro de los procesos de

arbitraje internacional en relación con lo previsto en los TBI’s; de las

actuaciones y decisiones de los órganos y jurisdicciones a los que éstos

transfieren la competencia para el tratamiento de controversias en materia de

inversiones extranjeras; y para la determinación de los impactos

mencionados en el artículo 2;

b) Auditar conforme a esa metodología: los tratados, convenios e instrumentos

legales, públicos y privados, nacionales e internacionales; el sometimiento a

reglas, procedimientos y órganos arbitrales en materia de inversión

extranjera que el Ecuador haya suscrito, que hayan dado o puedan dar lugar a

procedimientos arbitrales internacionales para solución de controversias; las

deficiencias contenidas en las actuaciones, laudos y decisiones de los

órganos y jurisdicciones del sistema de arbitraje internacional; que hayan

causado o puedan causar perjuicios al Estado ecuatoriano, y establecer en

cada caso:

1. Los antecedentes jurídicos y fácticos, así como cualquier evidencia

que sirva de soporte para determinar las motivaciones y sustento de

su firma y suscripción, o de inicio de la acción;

2. El impacto social, económico, ambiental y jurídico;

3. Determinar las obligaciones que se hayan derivado o puedan

derivarse para el Estado ecuatoriano;

4. Las disposiciones y cláusulas específicas que padezcan de

inconsistencias o se consideren inconformes con el derecho

ecuatoriano y el derecho internacional público;

5. El detalle de i) actuaciones, laudos y decisiones arbitrales en los que

pueda detectarse conflictos de interés, interpretación o aplicación

errónea del derecho internacional o ecuatoriano; ii) condenas y

montos pagados en virtud del cumplimiento de laudos arbitrales; iii)

rol de los terceros financiadores, en caso de existir.

6. El proceso operativo y desempeño económico, social y ambiental de

empresas que llevaron a cabo acciones contra el Estado ecuatoriano;

7. Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades

civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades

pertinentes;8. Proponer medidas jurídicas y políticas alternativas respecto de los

acuerdos de Inversión y del Sistema de Arbitraje Internacional en

materia de inversiones; y,

9. Investigar cualquier otra información o circunstancia que se

considere pertinente.

c) Conformar un sistema de información que permita realizar análisis sobre la

pertinencia de la firma y contenido de acuerdos internacionales sobre

inversión extranjera, procedimientos, normativas y órganos arbitrales

internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones.

Para ello se deberá recopilar toda la información sobre el tratamiento de la

inversión extranjera en el Ecuador y sobre procesos de solución de

controversias en esa materia que repose en las entidades públicas;

d) Establecer un sistema de transparencia de la información sobre los

instrumentos legales, procesos, decisiones y órganos auditados;

e) Establecer un mecanismo de participación y acompañamiento ciudadano al

proceso de auditoría; y,

f) Expedir el reglamento interno de la comisión.

Art. 4.- La CAITISA está autorizada para auditar y transparentar todo el contenido de

los instrumentos para el tratamiento de la inversión extranjera y solución de

controversias en esa materia, auspiciados y suscritos por el Estado y sus instituciones.

Art. 5.- La CAITISA tendrá una duración de 8 meses calendario, prorrogables por una

única vez a criterio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La

Comisión entregará informes cada 2 meses, durante el período que duren sus funciones,

y podrá entregar en cualquier momento recomendaciones sobre casos particulares que

considere de urgente atención.

Art. 6.- La Comisión Integral Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de

Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional

(CAITISA), estará integrada por:

a) Cuatro representantes de instituciones del Estado:

1. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado;

2. El Secretaria Nacional de la Política, o su delegado;

3. El Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, o su

delegado; y,

4. El Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, o su

delegado.

b) Cuatro expertos o investigadores internacionales provenientes de organizaciones

de la sociedad civil, con sus respectivos suplentes, especialistas o con

experiencia en derecho internacional y/o derecho de inversiones y/o arbitraje

internacional, a ser seleccionados por los representantes de las instituciones del

literal a). c) Cuatro representantes de las organizaciones y/o movimientos sociales con

experiencia en derecho internacional y/o derecho de inversiones y/o arbitraje

internacional, que serán seleccionados por las instituciones del literal a).

Los miembros de la Comisión, una vez designados, elegirán las dignidades de

presidencia y vicepresidencia de la misma por mayoría de los miembros.

Art. 7.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente de la CAITISA tendrá las

siguientes atribuciones, deberes y obligaciones:

a) Definir y proponer a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la

contratación de asesorías técnicas nacionales e internacionales;

b) Contratar al personal de planta que será el mínimo imprescindible para cumplir

las funciones y objetivos de la Comisión;

c) Firmar convenios de cooperación relacionados con las labores de esta comisión.

d) Convocar y presidir las sesiones; y,

e) Representar legalmente a la Comisión.

Art. 8.- Todas las instituciones del sector público estarán en la obligación de

proporcionar la información que solicite la Comisión para el cumplimiento de sus

funciones.

Art. 9.- El presupuesto de la Comisión será financiado a través del Presupuesto General

del Estado, con cargo a las partidas de la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo.

Disposición Final.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese a la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

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