La Hora: La Procuraduría contesta a la CIDH sobre no contactados

    La Procuraduría General preparaba ayer una respuesta a los requerimientos realizados la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. Esto, debido al último incidente que involucra indígenas waorani de Yarentaro (bloque 16) y taromenane.

    La respuesta del organismo que representa al Estado ecuatoriano será entregada dentro de los términos previstos en el pedido de información con fecha 18 de abril pasado, señaló una fuente de la Procuraduría que confirmó que el tema estaba a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y que incluso el documento podría remitirse a Washington la tarde de ayer.

    Los términos de esa contestación no trascendieron y sólo podrían hacerse públicos una vez que la Comisión y los peticionarios de nuevas acciones del sistema interamericano a favor de esos pueblos sean notificados formalmente por esa instancia internacional.

    El pedido de la CIDH, que fijaba cinco días de plazo para satisfacer el requerimiento, apunta a esclarecer la situación de seguridad de los beneficiarios de las medidas cautelares, dispuestas por ese organismo en 2006 y vigentes.

    Puntualmente, se pidió información al Estado sobre acciones emprendidas para determinar el número de personas presuntamente fallecidas y heridas en último incidente y las circunstancias del hecho, así como las acciones emprendidas en el marco de la medidas cautelares para responder ante los hechos presentados.

    Cuestionamientos

    La Comisión deja constancia de que esas acciones deben ajustarse a metodologías que no impliquen o estimulen el contacto y que se encuentren a cargo de una entidad estatal técnica especializada en el tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

    Otro punto de información se refería a las medidas adoptadas para evitar la repetición de hechos similares, y en particular, para evitar el ingreso de personas ajenas a la zona intangible. Una quinta consulta se refiere al estado de las dos niñas taromenane presuntamente retenidas por miembros del pueblo waorani.

    Reacciones

    Fernando Ponce, uno de los peticionarios de medidas cautelares en 2006, opinó que la respuesta “oportuna” de la Procuraduría es un “paso importante para que pueda darse un análisis inmediato de la nueva petición realizada a propósito del último incidente”.

    Básicamente, la nueva petición apunta a que la CIDH discuta y resuelva que el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que, dada la vulnerabilidad manifiesta de los pueblos no contactados, sean aprobadas medidas provisionales a favor de esos pueblos.

    Al momento, el Estado ecuatoriano argumenta que trabaja en el cumplimiento de las medidas cautelares a través del Plan de Medidas Cautelares. Esta unidad está adscrita al Ministerio de Justicia.

    Detalles del proceso

    El caso de los pueblos Tagaeri y Taromenane está signado en la CIDH con el número ‘MC-91-06’, que corresponde a las medidas cautelares aprobadas en 2006 tras una petición realizada por varios ciudadanos luego de una cadena de incidentes registrados en abril de ese año.

    En aquel mes se encontraron los cadáveres de dos mujeres taromenane con varios perdigones en sus cuerpos y la dirigencia waorani reportó una matanza que no llegó a comprobarse aunque sí se verificó la actividad maderera ilegal. También dos madereros fueron lanceados, aparentemente, por taromenanes, uno de ellos falleció

    7

    años han pasado desde que la CIDH otorgó las medidas cautelares.

    6

    días han pasado desde el pedido de información.

     

    La Hora / Confirmado.net

     

     

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