(FLASH) Por el delito de injurias se declaró culpables al legislador Cléver Jiménez y a otros dos procesados

Esta mañana la jueza Lucy Blacio, condenó al legislador Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio por el delito de injurias contra el Presidente de la República Rafael Correa.

La jueza condenó a un a un año y medio de prisión a Jiménez y a Villavicencio, los mismos que deberán cancelar una multa de 31 dólares.

Por otra parte  al querellante Carlos Figueroa se lo condenó a seis meses de prisión y deberá cancelar una multa de ocho dólares, esto debido a que  justificó  las atenuantes establecidas en el artículo 29 numerales 6 y 7 del Código Penal.

Sin embargo los tres procesados deberán pagar una remuneración económica  al Jefe de Estado, calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia.

Por su parte previamente el primer mandatario afirmó que dichos rubros serán empleados en actividades benéficas.

En esta línea los querellantes deberán ofrecer disculpas públicas al primer mandatario en 4 medios de comunicación 2 públicos y 2 privados) de mayor circulación.

Confirmado.net

A continuación se detalla la resolución de la sentencia dispuesta por la jueza Lucy Blacio.

“POR LO EXPUESTO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declaro que se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal; y que se encuentra probada la participación de los señores José Cléver Jiménez Cabrera, ecuatoriano, Asambleísta Provincial de Zamora Chinchipe, de estado civil casado, de 44 años de edad, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, ecuatoriano, Médico, de estado civil divorciado, de 48 años de edad, y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, ecuatoriano, de estado civil casado, de 46 años de edad, a quienes se declara culpables en calidad de autores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha. Por cuanto el querellado Carlos Eduardo Figueroa Figueroa ha justificado las atenuantes establecidas en el artículo 29 numerales 6 y 7 del Código Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 ibidem se modifica la pena impuesta, a 6 meses de prisión y multa de 8 dolares de los Estados Unidos de Norteamerica. Se dispone la suspensión de sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual a la condena conforme el artículo 60 del Código Penal. Se reconoce el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos querellados José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia. En dos mil dólares se fija los honorarios del defensor técnico del querellante”.

Para nuestros lectores ponemos a su disposición la sentencia emitida por la jueza

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL

ACCIÓN PRIVADA

Dra. Lucy Blacio Pereira

Juicio No. 826-2012-P-LB

Quito, 16 de abril de 2013.- Las 16H45.-

VISTOS.- Agréguese a los autos el escrito presentado por el abogado Edy Jadán, que obra a fojas 614 del proceso y téngase en cuenta lo manifestado en el mismo, en cuanto a su petición que se levante la multa impuesta se niega por improcedente, en consecuencia, estese a lo dispuesto en providencia anterior.- Incorpórese al proceso el escrito presentado por el querellado Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, que obra a fojas 616 del proceso y la documentación adjunta al mismo, téngase en cuenta la designación del doctor Julio César Sarango como su abogado patrocinador y tómese nota de la casilla judicial No. 4398 para sus posteriores notificaciones.- Agréguese a los autos el escrito presentado por el querellado José Cléver Jiménez Cabrera, que obra a fojas 617 del proceso, téngase en cuenta la designación del doctor Julio César Sarango como su abogado patrocinador y tómese nota de la casilla judicial No. 4398 para sus posteriores notificaciones.- En lo principal, en calidad de Jueza Nacional de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en conocimiento de la presente causa como Jueza de primer nivel, se tiene lo que sigue: El ciudadano señor economista Rafael Vicente Correa Delgado, presenta querella en contra de los ciudadanos señores José Cléver Jiménez Cabrera (Asambleísta), Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, expresando en dicha querella lo siguiente: “El 4 de Agosto de 2011, a las 14h30, en la Fiscalía General del Estado, los señores JOSÉ CLÉVER JIMÉNEZ CABRERA, CARLOS EDUARDO FIGUEROA FIGUEROA y FERNADO ALCIBIADES VILLAVICENCIO VALENCIA, en calidad de “vocero del Movimiento Político POLO DEMOCRATICO”, presentaron una denuncia por escrito, acusándome ser el autor de varios delitos, como los tipificados en el Art. 7 y 8 del Estatuto de Roma, (crímenes de lesa humanidad) y los tipificados en el Art. 128, 135, 137, 138 y 146 del Código Penal Ecuatoriano. Como consecuencia de esta denuncia, el Señor Fiscal General del Estado Dr. Galo Chiriboga, dispuso el inicio de la Indagación Previa, realizando una serie de actos pre procesales y procesales tales como el reconocimiento de la denuncia por parte de los denunciantes, la recepción de versiones de personas que conocían de los hechos, las versiones de los propios denunciantes, etc., y, luego de nueve meses de investigaciones, al no existir ningún elemento de convicción que haga presumir la participación del compareciente en los graves delitos denunciados, el mismo Señor Fiscal General solicitó al Señor Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el archivo definitivo de la denuncia, y solicitó que la misma sea calificada de maliciosa y temeraria, por las consideraciones expuestas en la petición de archivo. Correspondió el conocimiento de esta causa al Señor Conjuez Nacional Dr. Richard Villagómez Cabezas, y el 05 de mayo de 2012, quien luego de escuchar a las partes en Audiencia Pública, Oral y Contradictoria, luego de ordenar el archivo de la infame denuncia, la calificó de maliciosa y temeraria, motivando explícitamente su resolución y notificándonos con la misma el 11 de mayo de 2012, razón por la cual este momento se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley (…) Por todo lo dicho, se advierte con claridad que se ha cometido un delito contra el honor y la dignidad y que soy la víctima de semejante aberración, razón por la cual estoy facultado por la Ley para acusar, como en efecto lo hago a JOSÉ CLÉVER JIMÉNEZ CABRERA, CARLOS EDUARDO FIGUEROA FIGUEROA y FERNADO ALCIBIADES VILLAVICENCIO VALENCIA, como los autores y por tanto responsables del delito tipificado y sancionado en el Art. 494 del Código Penal”. (Las negrillas constan en el texto). Radicada la competencia en esta Judicatura, previo sorteo de ley, conforme consta a fojas 2 del proceso.- Citados personalmente los querellados, conforme consta a fojas 18, 24, y 25 de los autos, quienes han comparecido con su contestación a la querella.- Encontrándose la causa en estado de resolver, y habiéndose realizado la audiencia final, para hacerlo se considera.- PRIMERO: Por cuanto el querellado José Cléver Jiménez Cabrera, ostenta la dignidad de Asambleísta Provincial, en consecuencia, goza de fuero de Corte Nacional, el mismo que se hace extensivo a los otros dos acusados Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, la suscrita Jueza Nacional, es competente para conocer y resolver la presente causa, en atención a los dispuesto en los artículos 184.3 y 128 de la Constitución de la República; 168 y 194 del Código Orgánico de la Función Judicial; 21.6 , 30.1 , y 36 literal c) del Código Adjetivo Penal. SEGUNDO: La presente causa se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Título V, Procedimientos Especiales, Capítulo II, Procedimiento de Acción Penal Privada, del Libro Cuarto, Etapas del Proceso, artículo 371 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y en atención a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, que pudieran influir en la decisión de la causa, habiéndose observado las garantías del debido proceso, se declara la validez de todo lo actuado. TERCERO: AUDIENCIA FINAL: 3.1 Instalada que ha sido la audiencia final (fs. 628 a 656), prevista en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, siendo la obligación de la Jueza en primera instancia promover la conciliación entre las partes. Así se lo hizo, ante esto, el ciudadano querellante Rafael Vicente Correa Delgado expresó: “Doctora, esto no lo hago por mí. Lo hago por el país, por las futuras generaciones, tienen que ser desterradas del país las mentiras y los mentirosos y difamadores de este país. Le solicito continuar con la acusación”. Por su parte, la defensa técnica del querellado José Cléver Jiménez Cabrera indicó “Nosotros igual que la parte querellante. Es la voluntad de mi defendido que verdaderamente se pruebe la malicia y la temeridad con que está actuando el querellante al pretender inducir al error a la administración de justicia. Por lo tanto no hay la predisposición de aceptar una amigable componedor”. La defensa del querellado Carlos Eduardo Figueroa Figueroa manifestó que “no hay la voluntad de llegar a una amigable composición, toda vez que ellos ni siquiera se encuentran presentes, pese a que han justificado previamente”, y la defensa técnica del querellado Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia manifestó que “La defensa establece que quiere continuar con esta causa” 3.2 No habiéndose producido la conciliación, se continúo con la sustanciación de la audiencia. Así se concedió la palabra al querellante ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, a fin de que formalice su acusación y presente los testigos, peritos, y los medios de prueba previamente anunciados, quien por intermedio de su procurador judicial doctor Caupolicán Ochoa Neira, en lo principal expresa: “He de recordar, en primer lugar, que el 4 de agosto del 2011, el señor Cléver Jiménez, el doctor Carlos Eduardo Figueroa y el señor Fernando Villavicencio concurrieron y presentaron en la Fiscalía la denuncia en contra del economista. En esa larga denuncia formulada se hacen imputaciones gravísimas, de las cuales solo me voy referir a tres que son las más importantes. En primer lugar, afirman los denunciantes que el señor Presidente ha cometido diversos delitos, de aquellos contemplados en el Derecho Penal interno, refiriéndose a varios artículos del Código Penal que si yo los leyera provocarían la sorpresa de quienes escucharan, porque son tipos penales que no tienen nada que ver con lo que ellos afirman querían que se investigue con la denuncia. En segundo lugar, se refieren al hecho de que supuestamente el señor Presidente ha cometido varios delitos de los llamados de lesa humanidad y tipificando su conducta en el Estatuto de Roma de jurisdicción internacional. En tercer lugar, afirman que el señor Presidente, el 30 de septiembre, cuando todos conocemos los aciagos hechos ocurridos aquella fecha, afirman que el Presidente de la República fingió un auto secuestro y que en un momento determinado salió del Hospital de la Policía Nacional, se fue al frente a la Universidad Técnica Equinoccial acompañado de un funcionario de Gobierno y que allí mantuvo una plática con el rector de esa institución educativa. Que luego desde allí, en forma perversa, ordenó disparar a mansalva contra ciudadanos indefensos. Y afirman algo más los denunciantes. Dicen, señora Jueza, que el primer Mandatario, lleno de odio y venganza contra el pueblo ecuatoriano, no solamente que ordenara disparar, sino que se solazaba ante semejante acontecimiento. Semejante aseveración absolutamente perversa injuria proferida en contra del economista Rafael Correa no podía quedar en la impunidad. Por eso hemos concurrido ante usted con la querella que estamos tramitando. Pero si este es un antecedente importante, permita que me refiera a otros que nos ayudan a ver la malicia y la temeridad con la que actuaron los denunciantes…Inmediatamente, proceden a reconocer la denuncia. Todos sabemos que cuando se reconoce algo así, es obligación del fiscal, de acuerdo al artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, advertir a los denunciantes los efectos de dicha acción. Y efectivamente consta en el acta correspondiente, se hace notar que el Fiscal les advierte de la responsabilidad que podría derivarse si esa misma denuncia es declarada maliciosa y temeraria, que la denuncia debe hacer referencia a hechos ciertos, que no debe hacer referencia a mentiras, insultos, calumnias, porque es la prevención que establece la ley para evitar este tipo de actuaciones. Es más, el mismo Fiscal les recuerda que está vigente en el Código Penal ecuatoriano aquella disposición que señala que, si bien el denunciante no es parte en el proceso, cuando esta denuncia fuere calificada como maliciosa y temeraria. A pesar de esta advertencia, los señores denunciantes reconocen la denuncia, lo hacen y de inmediato proceden a dar su versión sobre los acontecimientos que dicen haber constatado, refiriéndose a los actos que contiene la denuncia y que ya fueron reseñados por mí, ratificándose en todo el contenido, pretendiendo hacer creer al fiscal que esos actos a los que se habían referido, se habían consumado. Además, solicitan diversos actos procesales para justificar sus aseveraciones, es decir ponen en movimiento todo el andamiaje de la investigación judicial, en base a hechos que solo existían en su perversa imaginación. Y animado solo con el perverso de causar daño a la imagen del señor Presidente de la República…. Eso no es todo, luego se realiza la investigación. El Fiscal General del Estado la tramita y durante 9 meses en este país se investigó, de carácter fiscal y durante 9 meses se investigó el comportamiento del señor Presidente de la República durante los actos denunciados. Se realizaron decenas de actos, se realizaron actos de los más diversos de aquellos que establece el Código De Procedimiento Penal para convicción de la etapa de instrucción…Luego de esos 9 meses de investigación no quedó más remedio al Fiscal que determinar que la denuncia presentada no tenía fundamento en la realidad de los hechos. Era ciertamente una denuncia calumniosa, temeraria y esto, de conformidad con lo que dice el 39 del Código de Procedimiento Penal, que la contraparte ignora y elabora un discurso que demuestra que está al margen de estos temas. Y esto, de conformidad de lo que dice el último inciso del 39 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía concluye con al concluir la indagación, dispone el archivo de la misma y este en una diligencia publica contradictoria donde estuvimos presentes representando la contraparte con sus abogados que esa denuncia era maliciosa y era temeraria. Según el 39 del Código de Procedimiento Penal obliga a los jueces, no es una facultad es una obligación, que califiquen si la denuncia era ciertamente calumniosa y el señor juez cumple esa disposición y luego del examen pormenorizado como resultado de los 9 meses de que sí, que esa denuncia era temeraria…Qué ocurre cuando una denuncia es calificada como maliciosa y temeraria? Púes, da la posibilidad de que la víctima, el ofendido, aquel que fue sujeto de esas calumnias pueda concurrir nuevamente ante el juez de derecho a pedirle justicia, a decirle: señor juez, he sido víctima de calumnias, es necesario que usted, de conformidad de lo que dice el 78 de la Constitución que garantiza el derecho a nuestro buen nombre y a la honra en este país, usted investigue y tome una decisión. …Con el fin de formalizar la acusación particular, he de decir señora Jueza que, a nombre del economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, acuso a los señores Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa y Fernando Villavicencio Valencia de ser los autores y responsables de lo previsto en el artículo 494 del Código Penal, por lo que pido a usted señora Jueza aplique esta disposición con todo el rigor que sea pertinente, de tal que estos actos no queden en la impunidad…Dejo en claro que esta acusación la hago uno por uno, como establece la ley, por los tres acusados, por los tres nombres, por los tres sujetos que constan en la querella inicialmente presentada por el señor Cléver Jiménez, por el señor Fernando Villavicencio y por el señor Carlos Eduardo Figueroa. Advierto, señora Jueza, que por exigirlo el numeral 5to del artículo 309 del Código de Procedimiento Penal y el 78 de la Constitución que hablan de la indemnización integral y de la reparación integral de los daños irrogados, también le solicito, en cumplimiento de esta exigencia de carácter legal, usted se sirva mandar a pagar las indemnizaciones civiles derivadas del acto punible, de conformidad con lo establecido en la querella, dejando en su criterio fijar el monto de las mismas…”. 3.3 Formalizada la acusación particular el querellante actúa las siguientes pruebas: 3.3.1 Copia certificada de la resolución dictada por el doctor Richard Villagómez Cabezas, Conjuez Nacional de la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso penal No. 155-2012, en fecha 9 de mayo a las 11h00. 3.3.2 Copia certificada de la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado por los señores José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, en fecha 4 de agosto del 2011, la misma que sirvió de base para que se realice la indagación previa número 91-2011. 3.3.3 Copia certificada del acta de reconocimiento de la denuncia presentada por los señores José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, el 4 de agosto de 2011, a las 12H25, ante el Fiscal General del Estado. 3.3.4 Copia certificada de la versión libre y voluntaria rendida por el ciudadano denunciante Cléver Jiménez Cabrera ante el doctor Samuel Orlando Benavidez, Fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, dentro de la indagación previa 91-2011 SOB, en fecha 27 de septiembre del 2011, a las 10h30. 3.3.5. Copia certificada de la versión libre y voluntaria rendida por el ciudadano querellado Fernando Villavicencio Valencia ante el señor doctor Samuel Orlando Benavidez, Fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, dentro de la indagación previa SOB de fecha 27 de septiembre del 2011. 3.3.6 Copia certificada de la versión libre y voluntaria rendida por el ciudadano Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, rendida ante doctor Samuel Orlando Benavidez, Fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía, dentro de la indagación previa 91-2011 SOB, de fecha 27 de septiembre del 2011, a las 12h30. 3.3.7 Copia debidamente certificada de la petición de archivo definitivo dentro de la indagación previa No. 91-2011. Solicitud que la efectúa el doctor Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado. 3.3.8 Copia debidamente certificada del oficio RIM 11/273 CSM MSI, del 31 de octubre, en la ciudad de Lima Perú por el señor Cedric Schweizer, del Comité Internacional de Cruz Roja. 3.3.9 Rindieron testimonio bajo juramento las siguientes personas: Oscar Gonzalo Bonilla Soria, Carmen Irina Cabezas Rodríguez, Luis Francisco Latorre Salazar, José Gabriel Rivera López, y Mayra Alexandra Vela Cevillano. 3.4 El querellado Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, actúa la siguiente prueba: 3.4.1 Rindieron testimonio bajo juramento: Soraya Jacqueline Proaño, y Segundo Neptalí Martínez Santi. 3.5 Los querellados José Cléver Jiménez Cabrera, y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, actúan la siguiente prueba: 3.5.1 La denuncia realizada al señor Rafael Correa Delgado, en donde claramente él presenta la denuncia en calidad de Asambleísta, amparado a lo que dispone el artículo 120 numeral 9 de la Constitución y artículo 9 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3.5.2 El certificado de fecha 28 de septiembre de 2012, suscrito por el Secretario de la Asamblea Nacional que indica que el señor Cléver Jiménez es asambleísta por el período de 2009 a 2013. 3.5.3 La Resolución de la Asamblea Nacional negando el levantamiento de la inmunidad de la Asambleísta Diana Atamaint 3.5.4 El oficio Nº 373-ABLF-2012, del 9 de noviembre de 2012, suscrito por el Ingeniero Bibliotecario César Pólit, quien indica que no existe solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria a mi defendido el Asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera 3.5.5 Las actas de la Sesión 19 de la Asamblea Nacional, en el que niega el levantamiento de la inmunidad al Asambleísta Jorge Escala para ser enjuiciado penalmente 3.5.6 El acta Nº 24 de la Sesión de la Asamblea Nacional en que niega el levantamiento de la inmunidad al Asambleísta Pablo Lupera para ser enjuiciado penalmente 3.5.7 El Acta Nº 34 de la Asamblea, en que se niega el levantamiento de la inmunidad del Asambleísta Tito Galo Lara, para ser enjuiciado penalmente 3.5.8 Copia certificada de la negativa del levantamiento de inmunidad del asambleísta Jorge Escala 3.5.9 Copia certificada de la resolución de la negativa del levantamiento de inmunidad al Asambleísta Oscar Herrera Gilbert 3.5.10 Copia certificada de la resolución de negativa de levantamiento de la inmunidad del Asambleísta Enrique Herrería Bonet 3.6 El querellado Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, actúa la siguiente prueba: 3.6.1 Se reproduzca la certificación enviada al señor Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que remita a su judicatura, en legal y debida forma, una certificación en la que indique si se ha sustanciado un proceso penal o juicio por el delito de lesa humanidad en contra el economista Rafael Vicente Correa Delgado 3.6.2 La contestación al oficio en el cual se solicitó se indique si el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, solicitó audiencia para tratar y resolver la petición de archivo de la indagación previa Nº 155-2012, por el delito de lesa humanidad en contra del economista Rafael Vicente Correa Delgado, propuesta por el Asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera, Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa 3.6.3 La certificación a fin de que se remita a su judicatura, si ha sido levantado el requerimiento de la inmunidad parlamentaria, para iniciar la acción penal por el delito de injurias, dentro de la causa Nº 826 del 2012, consta en el expediente, a fojas 255 del proceso consta la contestación al oficio enviado de esa solicitud. 3.6.4 La contestación a la querella que consta a fojas 30 del expediente 3.6.5 El oficio dirigido al señor Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que remita a su judicatura, en legal y debida forma, una certificación en la que indique si se ha sustanciado audiencia para archivo de la indagación previa Nº 155-2012, por el delito de lesa humanidad. Por Secretaría se certifica que de la solicitud enviada a la señora Presidenta de la Sala Penal, de las peticiones consta una sola documentación enviada por los 3 pedidos.

3.7. En el debate, el querellante ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado a través de su defensa técnica expresa: 3.7.1 Respecto a la existencia material de la infracción y la responsabilidad del procesado, “Con la prueba documental hemos probado que efectivamente que aquello que afirmamos en la primera parte de nuestra intervención, la denuncia fue presentada por los ahora acusados. Hemos probado asimismo que se realizó, en base a esa denuncia, una indagación previa que duró por 9 meses, en la cual se investigó al señor Presidente de la República, en relación con aquellos y aquellas imputaciones temerarias y maliciosas que contenía la denuncia. Hemos probado también, señora Jueza, que los denunciantes, los falsos denunciantes, los calumniadores, en su momento inclusive actuaron, realizaron algunas actividades de carácter procesal en la etapa de la indagación previa, pidiendo que se realicen estos actos para justificar -desde luego sin lograrlo-aquellos acertos infamantes que fueron contenidos en la denuncia. Hemos probado, señora Jueza, de manera absolutamente incontrastable con la prueba documental, que el asunto fue conocido por la Fiscalía y que se llegó a la conclusión de que no había delito alguno que se le pueda imputar al señor Presidente de la República. Y es más, hemos probado también con la prueba documental que el señor juez en derecho, el momento en el cual analizó la situación de manera motivada, de manera racional, con pleno fundamento en la Constitución y en la ley, haciendo incluso referencias de carácter doctrinario, llega a la conclusión de que aquella denuncia fue calumniosa y que fue temeraria”. Por otra parte se expresa “De una u otra forma se han ido llegando a su conocimiento, a través de los testigos presenciales de aquel aciago 30 de septiembre que el señor Presidente fue víctima de una detención en contra de su libertad y que fue privado ilegítimamente de la libertad, que fue afectado y ofendido por algunos miembros de la policía nacional, que se encontraba gravemente herido, además, como consecuencia de una lesión que tuvo que enfrentar de manera quirúrgica días o semanas antes, y que era absolutamente imposible que él pueda desplazarse a otro lugar, y peor, que desde ese lugar haya mandado a matar a mansalva como aseveraron los denunciantes. Hemos probado con la documentación que ha sido entregada que esa infame imputación de que el señor Presidente ha cometido delitos de lesa humanidad, no tiene ningún sentido. Consta dentro del expediente aquella comunicación dirigida por el señor representante de la Cruz Roja, en donde se dice que aquello no tiene ningún viso de verdad”. Igualmente se expresa “Hemos probado señora Jueza con la prueba testimonial que este asunto fue escuchado por los ciudadanos, que los ciudadanos se conmovieron frente a estas imputaciones calumniosas, que aquello produjo repulsión entre los jóvenes, que los jóvenes se sintieron ciertamente inquietos frente a semejantes afirmaciones temerarias y que no solamente aquellos, sino que fueron reproducidos en la sociedad, el estupor era evidente pues no se podía creer siquiera que hubiera alguien que atribuya al mandatario estas conductas tan graves como las que están contenidas en la denuncia, que, reitero, fue calificada como maliciosa y temeraria”. 3.7.2 Respecto a si la denuncia presentada por el asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera, corresponde a un acto realizado en el ejercicio de sus funciones, “Hemos demostrado con las versiones que han rendido aquí, incluso, algunos asambleístas, que esta actitud no puede confundirse con la impunidad y si bien es verdad esta atribución constitucional constituye un privilegio para que los parlamentarios puedan debatir libremente los problemas de orden legal dentro de la asamblea o fuera de ella, no les permite de ninguna manera que puedan injuriar, que puedan calumniar. Inclusive los verbos que utiliza el numeral noveno del artículo 120 de la Constitución dice fiscalizar o pedir información, jamás habla del verbo calumniar, señora jueza, jamás se dice que aquella condición constitucional faculta para que un ciudadano pueda injuriar o calumniar al primer personero de un país, ni a ningún otro ciudadano. Fiscalizar tampoco es denunciar”. 3.7.3 Como conclusión señala, “habiendo probado de manera absolutamente plena, con la prueba documental y con la prueba testimonial, que el señor Presidente de la República fue injuriado y fue calumniado de manera judicial, cumpliéndose el prerrequisito que establece la ley en el artículo 494 y en otras normas del derecho procesal en donde se dice que habrá que dictarse sentencia en la cual se dé esta calificación de malicia. Habiéndose probado todo ello, yo insisto señora Jueza que se dicte en contra de los tres acusados de Clever Jiménez, de Carlos Figueroa, y de Fernando Villavicencio se dicte sentencia condenatoria.

3.8. En el debate final, el doctor Julio Cesar Sarango, en representación de los querellados José Cléver Jiménez Cabrera, y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, expresa: 3.8.1 Respecto a la denuncia presentada por el señor José Cléver Jiménez Cabrera, “de las pruebas aportadas, tanto por el querellante y de las pruebas aportadas por mi parte de mis defendidos, consta claramente la denuncia presentada por José Clever Jiménez Cabrera asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe. Consta claramente a fs. 241, con el logotipo de asambleísta, firma en calidad de asambleísta, fundamenta de acuerdo con el artículo 120 numeral 9 y 128 de la Constitución de la República, y artículo 9 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Judicial 3.8.2 Respecto a la impugnación de la prueba practicada por el querellante, señala que los testigos no son idóneos, y que se encuentran incursos en el artículo 213.5 y 216 numerales 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, además indica que la testigo Mayra Alexandra Vela Cevillano, es una testigo referencial. 3.8.3 Referente a la prescripción de la acción, “Aquí hay una denuncia, presentada el 11 de agosto. Supongamos, en el supuesto no consentido que el 11 de agosto mi defendido presento diciendo las injurias. Hoy estamos 12 de abril 2013, claramente dice que para denunciar delitos de injurias se determinara un plazo de 6 meses. Cuándo presentó la denuncia el señor Rafael Correa? Hace exactamente 9 meses, en la querella no ha lugar, está prescrito”. 3.8.4 Referente a la existencia de la infracción, “El señor Juez Richard Villagómez desestimó la denuncia presentada por mis defendidos de acuerdo al artículo 39.1 del Código Procedimiento de Penal y así lo ha confirmado el querellante (…) los tipos penales siempre deben estar establecidos en el Código Sustantivo Penal. Ahí deben estar establecidos los tipos penales, más no en un Código de Procedimiento Penal. Eso es obvio, como podemos pretender que una desestimación de acuerdo al artículo 39.1 sea un tipo penal y se quiera juzgar con el artículo 494. Señora jueza, no es culpa nuestra de que los señores legisladores no hayan puesto el tipo penal para este artículo 39, es decir, este artículo se encuentra huérfano. En ninguna parte, le invoco a la réplica al querellante para que me demuestre frente a su autoridad que hay un tipo penal que diga cuando el fiscal desestima en la indagación previa y califica de maliciosa y temeraria será juzgado por el delito de injurias o tendrá una pena de 3 a 5 años (…) Eso es lo que ha hecho mi defendido, mis defendidos. Eso, cumplir con la ley, amparados en lo que establece el artículo 83 numeral 8 de la Constitución de la República, de los deberes ciudadanos. Así, amparado en el artículo también, Carlos Figueroa Figueroa usó ese derecho y presentó su denuncia (…) nadie puede ser sancionado por un delito que no esté debidamente tipificado y sancionado en el código sustantivo penal. Pero aquí se pretende sorprender a su autoridad, porque usted sí conoce el derecho penal. Asimismo, señora Jueza quiero demostrarle que el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal dice: Etapas del CPP, “por regla general el proceso se desarrolla en las etapas siguientes: 1. Instrucción fiscal; 2. La etapa intermedia; y 3. La etapa de juicio; y 4. Etapa de impugnación”. Este artículo es totalmente claro, preciso, concreto y es totalmente concordante y ajustado al artículo 494, que dice: “quien hubiere propuesto acusación judicial o hecho denuncia que no hubiese sido probada durante juicio”. Por lo tanto, es muy claro: probadas, probadas, dice. En dónde se aporta la prueba. Yo jamás he conocido que la prueba se aporte en la indagación previa. Nunca se aporta una prueba, tal vez en la instrucción fiscal, sí se puede aportar una prueba, pero excepcional que es los actos urgentes, los testimonios urgentes, pero es una cuestión excepcional (…) en el artículo 494 del Código Penal que textualmente dice”, aquí dice: “….probados en juicio -trascriben el artículo es muy claro-“. Es más, hay otro principio del derecho penal consagrado en el 251 del Código de Procedimiento Penal, el 251 que dice: “necesidad de la acusación.- La etapa de juicio se sustanciará en base a la acusación fiscal, si no hay acusación fiscal no hay juicio”. Aquí no había acusación, si no hay acusación no hay juicio”. Por otra parte, los querellados hacen referencia a jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, señalando específicamente las causas No. 1337-2012, 244-2008-HP, así como las resoluciones Nos. 393-2009, 667-S-2009, 865-09, 720-HP 2009, 632-2009, y 163. “que cuando una persona denuncia actos de corrupción o simplemente acciones incorrectas de otras personas se enmarca dentro de los deberes y responsabilidades que la Constitución de la República del Ecuador impone a todos los ciudadanos, de conformidad con el numeral 8 artículo 83 de la Constitución de la República, sin que dicha denuncia pueda constituir ilícito de injurias”. Tenemos amplia jurisprudencia que ya se han emitido cuando hay denuncias a funcionarios públicos. No hay ese tipo de injurias”. 3.8.5 Respecto a la inmunidad parlamentaria, “Aquí nosotros hemos presentado a fs. 414 y hemos solicitado como prueba la petición que realizó una de las Salas de la Corte Nacional de Justicia para el levantamiento de la inmunidad del señor Enrique Herrería Bonet y qué es lo resuelve la Asamblea Nacional: de conformidad con los dispuesto en el artículo 128 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, negar la autorización para el inicio de la causa en contra del señor Enrique Herrería Bonet, y artículo 2 dice: “insistir en la insistencia al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia a través de sus Presidentes, que instruyan a las Cortes, Jueces y Tribunales, dar estricto cumplimiento a los dispuesto en los artículos 128 de la Constitución de la República y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en tal virtud se abstengan de iniciar causas civiles o penales en contra de los Asambleístas por actos realizados, u opiniones rendidas en ejercicio de sus funciones (…) Tenemos aquí claro, conciso y preciso, igualmente al Asambleísta Herrería, a la Asambleísta Diana Atamaint, al Asambleísta Jorge Escala, al Asambleísta Galo Lara se les ha intentado iniciar juicios penales en sus calidades de asambleístas. Aquí ni siquiera se ha pedido, ni siquiera en esta causa se ha pedido, es mucho más grave, en los otros se ha pedido, es obligación imperativa de los jueces solicitar el levantamiento de la inmunidad para poder iniciar el enjuiciamiento (…) tenemos aquí al autor español Tomás Elorieta y Ortaza que dice: Tratado Elemental de Derecho Político Comparado, Hijos de Reus Editores Madrid España, año 1916, “afirma que las trascendencias de las funciones que desempeña el Parlamento ha sido causa, en todas las legislaciones se concede a los miembros del Parlamento ciertos privilegios necesarios para garantizar su independencia, estos privilegios son dos la inviolabilidad a la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad por todos los votos que emiten en las Cámaras y la inmunidad parlamentaria consiste en el derecho de todo representante, a no ser procesado sin autorización de la Cámara a la que pertenece”. Confunde la defensa las dos: la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria. Entonces, aquí se quiere confundir se quiere decir que como es el Asambleísta Clever Jiménez, como ha presentado una denuncia en contra del primer mandatario, a él si debe sancionárselo sin levantarse la inmunidad yéndose por encima de estos principios universales (…) claramente consta la certificación otorgada por el Consejo Nacional Electoral, donde (sic) se certifica a fs. 174, el Consejo Nacional Electoral la calidad de asambleísta y la credencial de asambleísta que funge mi defendido Cléver Jiménez Cabrera. Asimismo, consta la certificación del secretario de la Asamblea que indica que el señor Cléver Jiménez es Asambleísta por el periodo 2009 y 2013. Asimismo, consta la certificación del secretario de la Asamblea Nacional, Dr. Segovia que mi defendido no ha sido levantada su inmunidad parlamentaria. Así lo testificaron también los 5 testigos presentados por la contraparte, el señor Gabriel Rivera e Irina Cabezas. De tal manera, lo expuesto con claridad y exactitud el tipo penal que quiere pretender la defensa del querellante no tiene asidero legal, por lo tanto, en aras de la transparencia de una justicia imparcial, por las pruebas aportadas, por la ley y la jurisprudencia, no se permita que se atropelle la Constitución y el derecho porque aquí se trata de sorprender diciendo que los jueces de la anterior corte y la actual han emitido una resolución para decir que se califique de maliciosa y temerario. No hacía falta, esto ya estaba consagrado en el artículo 39.1, no hacía falta, aquí le pone en la última resolución de los señores jueces que también los jueces, cuando se desestime, también estarán inmersos para que se califique de maliciosa y temeraria los comprendidos en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal, pero en nada reforma el art. 39, una resolución de la Corte Nacional no puede legislar, no puede hacer un tipo penal (…) solicito se ratifique el estado de inocencia de mis defendidos José Clever Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa”.

3.9 La doctora Lolita Montoya, Defensora Pública, en representación del querellado Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, en el debate final expresa “Muchas gracias señora Jueza Nacional. Efectivamente, de la prueba testimonial y documental presentada en esta audiencia por el abogado defensor del querellante no se ha podido demostrar que la conducta de mi defendido se subsuma en el tipo penal por el cual fue acusado, este es el tipo penal tipificado en el artículo 494 del Código Penal, ya que tenemos como elemento constitutivo del hecho de que la denuncia no fue probada en juicio en la tramitación de la etapa procesal, porque todos sabemos que la indagación previa no es una etapa procesal, sino es una etapa pre procesal, por lo tanto no cumple con los requisitos para este tipo penal. Señora Jueza, no existe ningún juicio en contra del querellante, solo existe una resolución dictada por el doctor Richard Villagómez, Conjuez de la Sala de lo Penal en la cual se solicita la desestimación de la denuncia y por ende el archivo de la misma. Con esto, señora Jueza, solicito que se rechace la acusación propuesta y que se ratifique el estado de inocencia de mi defendido ya que la prueba no ha sido útil para demostrar la responsabilidad en este tipo penal por el cual fue acusado”.

3.10. En uso del derecho a la réplica, el doctor Caupolicán Ochoa Neira, en lo principal expresa: 3.10.1 “en relación con la prueba testimonial, se ha dicho señora Jueza que los testigos que vinieron a dar su testimonio en esta diligencia eran testigos paniaguados, que no tiene su testimonio ningún valor de carácter procesal y que no amerita de ninguna manera que puedan ni siquiera ser tomados en cuenta para que puedan servir como insumo para que la señora Jueza luego pueda establecer si efectivamente hay o no hay responsabilidad penal por parte de los procesados…aquí se ha querido confundir la interpretación que tenemos la obligación de dar al testimonio dentro de las reglas del proceso penal y confundir al testimonio con su valoración específica, aplicando reglas de interpretación diferente, tomando en cuenta aquellas que se derivan de la aplicación del Código de Procedimiento Civil. Naturalmente que la interpretación y valoración de la prueba testimonial en el proceso penal es distinta, es diferente, es sustancialmente distinta reitero, a aquella que se le ha de dar aplicando las normas del proceso civil…Aquí se ha citado, para decir que los testigos no son idóneos, se ha citado el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil y se ha dicho que nuestros testigos, aquellos funcionarios del Estado y los otros que han estado aquí presentes, los asambleístas, carecen de probidad…se ha dicho que no son testigos idóneos por falta de probidad, quiénes, cuándo, cómo, de qué manera, dentro de qué límites. Primero, los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios, cuando se tacha a un testigo hay que probar los motivos de la tacha, es aventurado simplemente decir es un paniaguado o carece de probidad sin probar esa falta de probidad, sin justificar esa calidad de paniaguado, porque terminan siendo también aquella, reitero, una afirmación injuriosa y las personas merecemos todos en esta diligencia o fuera de ella el más absoluto respeto. Cuáles son los testigos que no son idóneos, los que por mala conducta notoria o abandonados a los vicios estén abandonados a los vicios, aquí no se ha probado que el señor Oscar, no recuerdo el apellido, que dio su testimonio o que el señor Rivera o que la señorita Cabezas hayan sido personas de mala conducta notoria o que se encuentren abandonados a los vicios como se ha pretendido cuando se refirieron a calificar a los testigos de falta de probidad y de paniaguados aplicando el 213 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de libertad desde que se inicia el auto de llamamiento a juicio en un proceso, aquí no se ha probado que los testigos que trajo el querellante, el acusador particular, estén enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de la libertad y sin embargo hemos dicho que carecen de probidad, que sus testimonios no son válidos y que constituyen paniaguados. Tercero, los condenados por falsedad, por robo, por perjurio, por soborno, por cohecho y reconozco que ninguno de los aquí presentes se haya encontrado en esa condición y afirmar aquello, señora Jueza, es sin duda atrevido, es sin duda desafortunado, no hay derecho para que se trate de ese modo a los testigos que lo único que han hecho es darnos su testimonio con el fin de esclarecer la verdadera naturaleza de los asuntos que estamos debatiendo, los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno, cohecho, los deudores fraudulentos. Alguien ha probado aquí que el señor Oscar Bonilla, que la señorita Cabezas, que los otros testigos, la señorita Varea o Vela han sido sancionados o que son o constituyen deudores fraudulentos, eso no se ha probado aquí, por lo tanto, no podemos decir que ese es el conocimiento de la ciencia del Derecho y que todos los demás somos ignorantes afirmando este tipo de cosas sin justificarlas, de manera reitero, hasta irresponsable. Los que infundan sospecha de ser personas que se presten para rendir declaraciones falsas, el hecho de que aquí algunos de ellos han dado testimonios en otros juicios. Por qué nos van a infundir sospechas de que han sido declaraciones falsas, mas luego si aquí se ha, le he conocido a alguien, dijo que han dado hasta 3 testimonios en juicios que no tienen nada que ver con la calumnia y la temeridad sino en juicios que pretendían esclarecer responsabilidades de los autores y los protagonistas del 30 de septiembre…He dicho también que son los del 216 por falta de imparcialidad, los ascendientes, no creo que aquí ninguno de los que vinieron sea ascendiente o descendiente, los parientes. Ninguno afirmó que tenía grado de parentesco con nadie los cónyuges o convivientes de las personas que están participando en este proceso. El dependiente que le alimente, el un funcionario público no le alimenta, además la carrera dentro del sistema administrativo, el amigo o el enemigo íntimo y asociado ninguna de las causas para denostar y afirmar que estos carecen de probidad, son paniaguados y su testimonio no tiene ningún valor sus incólumes, se dicte la resolución pertinente no nos conduce absolutamente a nada”. 3.10.2 “Pero veamos el art 128, inciso segundo, de lo que estamos afirmando para iniciar causa penal en contra del asambleísta esa es la regla general, esa es la regla general que se aplicó en el caso de otros asambleístas, cuyos ejemplos, en el sentido que con el señor Jiménez no se ha procedido de ese modo ahí no se autorizó el levantamiento de este privilegio porque otros detalles rodearon, lo que no tiene precedente porque son resoluciones de caso administrativo…Qué bueno que hagamos referencia a las reglas de interpretación de la ley penal, excepto en los casos que no se encuentren relacionados en el ejercicio de sus funciones. El hecho de calumniar, qué relación tiene con la función del legislador. Si es que un ciudadano sostiene un punto de vista, se opone o simplemente se refiriere a un funcionario público, desde luego que está protegido, pero otra cosa es salir del ámbito de la potestad y presentar una denuncia llena de mentiras, de calumnias, en donde se atribuyen delitos tan graves como los delitos de lesa humanidad… existen fallos de la Corte Nacional en donde se garantiza el derecho que tienen todos los ciudadanos a denunciar actos de corrupción, malos manejos de fondos. Pero yo pregunto inclusive, metiéndonos en este asunto tan sensible que voy a referir. Señora Jueza, decir que se ha matado es ciertamente denunciar un acto de corrupción. Decir que se ha cometido un delito de lesa humanidad. Decir que el primer mandatario se ha convertido una suerte de carnicero, ordenando disparar a mansalva contra los ciudadanos indefensos y solazándose de semejante conducta, es simplemente decir que en ejercicio de la transparencia se pueden denunciar actos de corrupción y que esas denuncias no le traen responsabilidad penal al denunciante. Se puede equiparar aquello con lo otro. Acaso no hay una distancia monumental entre pedir que se fiscalizasen actos de carácter administrativo o económico en la gestión pública de un ciudadano o ir ante un fiscal y decir ese hombre es un criminal, ese es un asesino, ha cometido acto de lesa humanidad, debe ser juzgado por la jurisdicción internacional penal, ha violado normas del Estatuto de Roma. Hay una distancia abismal, entonces tengamos un sentido de la proporción de las cosas…Artículo 120 de la Constitucional dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además las que les determine la ley”. Usted sabe, señora Jueza, que en derecho público no podemos hacer interpretaciones, ni extensivas, ni restrictivas. Debemos estar al tenor literal de la ley podemos confundir. Asamblea, podemos confundir asamblea con asambleísta? Podemos dar esa grave confusión. Por eso he dicho que fundamentarnos en esto para calumniar, para decir que no pasa nada no solamente es un despropósito, es un acto de mala fe, es un acto de temeridad, es un acto de malicia. Porque luego el numeral 9 dice lo siguiente: … la Asamblea Nacional puede fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva, Electoral y de Transparencia. Si la Función Ejecutiva no ha cumplido determinada política pública que afecta a un sector de la población, se puede fiscalizar. Pero no dice tampoco que se puede denunciar. Y si nos vamos al sentido literal de las palabras, vamos al diccionario. Veamos que es fiscalizar, veamos lo que es denunciar falsamente actos que no se han cometido. Denunciar solo rima con calumniar, pero no es igual, son dos cosas completamente distintas. Denunciar, fiscalizar los actos de las funciones del Estado y requerir de los servidores o servidoras públicas las informaciones que se consideren necesarias. Para presentar una denuncia de un delito que yo supongo se ha cometido o tengo conocimiento se ha cometido no necesito ser asambleísta… si revisamos los textos que se reproducen en la Universidad Andina Simón Bolívar, vamos a ver que justamente se habla de esto, de los límites de la inmunidad parlamentaria que no llegan a proteger de estas conductas que rebasan las potestades del legislador, dentro del ejercicio normal de sus actividades parlamentarias. La prueba es… Presentan, aunque lo hagan en papel membretado, el papel no significa nada. Así que porque se hace en papel membretado de la Asamblea ya es un acto de un asambleísta, como si el membrete nos protegiera de la inmunidad. Esa es una superficialidad, una afirmación frívola que no tiene sentido. La prueba es que firman también la denuncia el señor Figueroa, el señor Villavicencio, sin tener la condición de asambleísta. Lo hacen como cualquier otro ciudadano, de tal manera que aquello no tiene fundamente…Qué es lo que dicen estos autores: la prerrogativa se extienden sobre las expresiones vertidas, tanto dentro como fuera del recinto del Congreso. Lo que resulta indispensable es que esté ligada a las funciones que desempeña el legislador. Si se sale de ese ligamen con las funciones que desempeña el legislador, ya no existe protección de la inmunidad, porque la prerrogativa es de índole funcional y no personal. Este privilegio, esta garantía, es de orden funcional, no personal. Es en función de que ejerce la tarea es que se le da esa protección de carácter constitucional. Por ende, los agravios vertidos por un legislador en el ejercicio de la libertad de expresión, que no guardan relación alguna con la función legislativa no están amparados por la cláusula constitucional…La inmunidad se extiende a las expresiones de pensamiento, cualquiera sea su forma de manifestación, puede ser manifestada oralmente, etc, etc. Algunos juristas estiman que la prerrogativa en la Constitución española, no ampara para que el legislador pueda obrar de manera arbitraria, emitiendo calumnias, injuriar impertinentemente. Esto es cierto, en tanto en cuanto, esas injurias o calumnias no guarden relación alguna con las funciones del legislador. Guarda relación con funciones del legislador el decir que el Presidente ha cometido actos que hasta me producen escozor volver a repetirlos, pero que constan en la denuncia en cuestión. No hay tal amparo de la inmunidad parlamentaria. No confundamos la inmunidad con la impunidad” 3.10.3 “se ha dicho, señora Jueza, que el asunto está prescrito, que los delitos de acción privada, se insinúa aquí, prescriben en 180 días. Desde el 4 de agosto hasta la fecha en que se presentó la denuncia… No recuerdo exactamente en qué fecha se presentó la denuncia del señor Presidente de la República por la malicia y la temeridad… pero que hasta entonces dicen que el asunto ya está prescrito. Una falacia que no tiene ni pies ni cabeza. Si bien es verdad que los fallos de las cortes no tienen fuerza obligatoria, pero sí sirven para ilustrarnos…examinemos las gacetas judiciales donde están presentes algunas resoluciones de las salas de Casación, por ejemplo, serie 18 No. 4 la serie 17 No. 7, en donde (sic) se dice que la prescripción comienza a correr desde el momento en el cual se calificó la denuncia como maliciosa y temeraria. Mientras esto no ocurría, no se había configurado exactamente el delito y no podía comenzar a correr el plazo para la prescripción. Establece con toda seriedad en estos fallos lo que se entiende por prescripción. Se establece aquello de manera completamente clara, y en eso no solo es lo que dice nuestra Corte, sino que con ello concuerdan tratadistas que tratan la injuria calumniosa cometida en juicio o de la calumnia judicial como suelen decir algunos tratadistas. No cabe, dice en el punto cuarto la Corte Nacional, la alegación de prescripción de la acción invocada por el recurrente porque la acción seguida por los querellantes se basa en la declaratoria de denuncia respectiva como maliciosa y temeraria, mediante auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados” 3.10.4 “pero es que no fue probado en juicio. Otra falsedad, en donde (sic) tenemos que recurrir a la ciencia del derecho para ver que no estamos haciendo afirmaciones banales ni queriendo sorprender a nadie, sino solo transmitiendo lo que dice el pensamiento jurídico. Que, pero si no pudo probar en indagación previa, como iba a poder probar en juicio. Si no puede lo menos como va a poder lo más. Pero dice que como no se llegó al juicio, por lo tanto no se ha cometido el delito, porque el artículo 494 habla de prueba y habla de juicio. Una de las reglas de interpretación de la ley, no solo de la ley penal, señora Jueza, de todas las leyes, y no me voy a referir como antecedente, artículo terminal del Código Civil, ni todo lo que dicen los autores sobre la hermenéutica legal…Qué es un juicio en el sentido natural y obvio de las palabras, una interpretación a la cual tenemos que referirnos por la fuerza imperativa del artículo 2 del Código Penal que habla de la interpretación de las normas del derecho penal, tenemos que referirnos al sentido natural y obvio de las palabras. Cuál es la interpretación, cuál es el sentido de la palabra juicio, no es otra cosa que un trámite sujeto al rigor de una ley. Por más que se diga que la indagación es una etapa pre procesal, es un trámite sujeto al rigor de una ley. Y así es como definen no solamente Cabanellas, Osorio, está hasta en la Real Academia de la Lengua. El juicio no es otra cosa que un trámite, en el sentido vulgar, natural y obvio de las palabras, el sentido que todos entendemos. Las normas del derecho deben ser interpretadas en sentido que produzcan algún efecto, y no de manera de que no produzcan ninguno. No lo digo yo, lo dicen los tratadistas…yo tengo que recordarle que el vocablo juicio en el artículo 494 está utilizado en el sentido natural y obvio de la palabra como tramite de carácter legal. Un trámite de carácter legal es cualquier cosa, es hasta la etapa pre procesal, es indagación previa o es instrucción. Evidentemente, ese es el sentido en el cual el artículo 39.1 del Código de Procedimiento Penal manda para que, cuando se concluya una investigación, y el fiscal crea que debe desestimar, el artículo 379 dice que el juez tiene la obligación de calificar como maliciosa y temeraria. Que esa disposición está muerta porque no está tipificada y se afecta el principio de legalidad? No es así, no está muerta. El artículo 494 dice que tiene que ser juicio y el juicio es todo trámite sujeto al rigor de una ley. No nos está diciendo ninguna otra cosa. Transcurrido el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal hará conocer al juez de garantías penales, quien verificará las exigencias legales, y de ser el caso, declarará la extinción de la acción y dispondrá el archivo definitivo del caso, calificando si la denuncia es maliciosa y temeraria… los tres sujetos que ahora constan como procesados, injuriaron calumniosamente al señor Presidente de la República. Se cumplió con aquel requisito de procedibilidad que la denuncia sea calificada como maliciosa y temeraria. No ha operado la prescripción, de tal manera que es absolutamente ni es necesaria la petición para que se les levante la inmunidad de la Asamblea Nacional… o muy respetuosamente le pido a usted tenga la bondad de considerar todos estos y que se sirva aceptar el pedido, en el sentido de que se condene a los procesados con el rigor que amerita su conducta, y que además se les mande a pagar las indemnizaciones civiles que corresponden”.

3.11. El doctor Julio Cesar Sarango, en la réplica expresa: 3.11.1 “Señora Jueza, no tengo por qué probar. Ellos son los que tiene que probar, ellos son los que tienen la carga de la prueba, deben demostrar aquí, ante su autoridad que mi defendido ha cometido el delito del tipo penal del 494…Mi defendido ha hecho uso de su derecho de asambleísta, que porque está la hoja de la asamblea ya tiene la calidad de asambleísta. No, él por sus propias palabras y su firma afirmó: yo actúo en calidad de asambleísta. Así lo hizo” 3.11.2 “El juicio es una controversia jurídica, actual, entre partes y sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Eso es un juicio, un tribunal pluripersonal: Aquí, en la indagación previa, se sometió a un tribunal pluripersonal, a un juez? Esto estuvo en manos del Fiscal y aquí hablo de cosas concretas que nos sirven para desvirtuar, para dar luces a la juzgadora para que pueda tener elementos y pruebas suficientes y poder emitir su sentencia con certezas. Yo le increpé al querellante que justifique el tipo penal, pues, en el que se ampara el art 39.1. No lo hizo, no puede, no lo hará, nuevamente lo conmino si quiere controvertir mis razones. No lo puede hacer porque el artículo 39, al que tanto se ha referido, es una aseveración, es un procedimiento que no está sustentado con un tipo penal. No está sancionado claramente. Lo dice el 494 en juicio un tribunal pluripersonal…Aquí la acusación es totalmente ambigua. Dice el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal: procedimiento de acción penal privada. La acción circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar fecha en que fue cometida, numeral 3 del art 37. Aquí en la denuncia, en la acusación particular o querella, en ninguna parte se ha cumplido este artículo 71 no existe. Por lo tanto, no ha lugar a que sea admitida esta acusación particular…La conducta de mi defendido no se ajusta al tipo penal, si ni existe siquiera, peor para ajustarse. Aquí se quiere increpar ciertos actos y hechos que en mis defendidos no estuvo ni en su conciencia ni voluntad hacerlo. Se hace análisis totalmente ambiguos al decir que el artículo 494 se ajusta al artículo 39 y es de tipo penal. Por favor no tiene ninguna relación al artículo 39. Vuelvo y repito, el artículo 39 es un simple procedimiento, está consagrado en el Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, mis defendidos no pueden ser juzgados por un hecho que no está debidamente justificado…el Código de Procedimiento Penal claramente tipifica el 251, si no hay acusación no hay juicio”. 3.11.3 “Solicito que sea rechazada la querella presentada por el señor Presidente Rafael Correa y en su resolución se la calificará de maliciosa y temeraria, condenándolos a los acusados al pago de daños y perjuicios por litigar con temeridad y malicia”.

3.12. La doctora Lolita Montoya, en la réplica expresa “Esta defensa va a establecer que el abogado del querellante ha establecido que el juicio es un trámite sujeto al rigor de la ley. Con esto, establece que existe un problema de técnica legislativa que el legislador debía establecer otra cosa y no lo que establece el 494 del Código Penal. Dice que nos ubiquemos en el contexto de las normas, en el contexto técnico de las normas. Pero también se debe establecer en esta audiencia que está prohibido la interpretación extensiva. Es por eso que solicito que se ratifique lo dicho antes por esta defensa, ya que la prueba presentada no ha sido útil para demostrar el tipo penal establecido en el artículo 494”. CUARTO: CONSIDERACIONES DE LA JUEZA NACIONAL: Previo a entrar analizar si se ha comprobado o no conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad de los procesados; por cuanto el querellado José Cléver Jiménez Cabrera ha alegado la “inmunidad parlamentaria”, indicando que es obligación imperativa de los jueces solicitar el levantamiento de la inmunidad para poder iniciar el enjuiciamiento, y que por lo tanto en la especie se ha violado la Constitución, resultando esta judicatura incompetente para resolver el caso infra; corresponde pronunciarse al respecto. 4.1 El artículo 128 de la Constitución de la República consagra lo siguiente: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa”. (el sombreado me pertenece). La inmunidad parlamentaria constituye una prerrogativa en favor de los legisladores, en razón de su actividad autónoma e independiente, en tanto esta les garantiza que no serán objeto de juicio alguno, ni de privación de la libertad, como consecuencia de actos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, ya sea al interior o fuera de las instalaciones de la Asamblea nacional; salvo ciertas excepciones. De ahí que, esta prerrogativa encuentra su legitimidad en la concepción del legislativo como función independiente del Estado, así como en el principio de separación de funciones, ya que al ser el poder legislativo el encargado de fiscalizar a otras funciones del Estado, así como crear las normas que regulan el ordenamiento social, no puede estar sometido a ningún otro poder, ni ser objeto de presiones de sectores políticos, económicos, sociales, o cualquier grupo de poder, pues esto evidentemente representaría un detrimento a su labor, así como una violación al principio de independencia; de ahí que la inmunidad pretende dar un blindaje al legislador, a fin de que este no sea susceptible de juicio alguno y privación de la libertad por actos que se deriven del ejercicio de sus funciones, salvo el caso de cometimiento de delitos. Esto en aras de una correcta y efectiva labor de las y los legisladores, cuyas decisiones sean el resultado de un debate y análisis político interno de la institución. Ahora bien, esta inmunidad no puede y no debe ser entendida como absoluta, pues no cabe que bajo esta prerrogativa se pretenda cobijar acciones que sobrepasan el limite de racionalidad y de competencia legislativa, para constituirse en actos ajenos e impertinentes por completo a las funciones de la Asamblea, ni tampoco al debate político y legislativo, actuaciones desarrolladas por el legislador, pero de manera particular, que no obedecen a sus atribuciones y competencias, y no guardan armonía con el objetivo y fin que persigue la Asamblea Nacional. En este sentido, el tratadista ecuatoriano Rafael Oyarte Martínez, al analizar la disposición constitucional que consagra la inmunidad parlamentaria, refiere que la misma contempla dos tipos de inmunidad a saber de fondo y de forma. Respecto a la primera dice que protege “al legislador desde el punto de vista de su función, haciéndolo civil y penalmente irresponsable por decisiones, actos u opiniones que emite en el ejercicio del cargo (…) Ahora bien, la inmunidad de fondo no cubre al legislador de delitos cometidos formalmente durante sus funciones, al interior del Congreso, aunque tengan que ver con el ejercicio de sus atribuciones. En este caso se aplicará la inmunidad de forma o antejuicio ”. En cuanto a la inmunidad de forma, señala que “protege al legislador de enjuiciamientos penales por asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones y respecto a órdenes de privación de libertad…para que proceda el enjuiciamiento penal de un asambleísta debe lograrse la autorización de la Legislatura, y su privación de libertad se limita a la comisión de delitos flagrantes o a la ejecución de una sentencia condenatoria ”. Finalmente Oyarte concluye que “La Constitución de 2008 establece que el antejuicio solo procede en caso de delitos relacionados con el ejercicio de funciones pues, en caso contrario, no se requiere de autorización legislativa, es decir, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento, aunque con la limitación de no dictarse medidas cautelares ” (el sombreado me pertenece).

Bajo este orden de ideas, la interpretación que corresponde de la disposición constitucional que contempla la inmunidad parlamentaria, es que si bien las y los asambleístas tienen la prerrogativa de la inmunidad, como una condición necesaria para el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones, siendo que su actividad no puede estar sometida ni controlada a otros poderes, esta no puede ser absoluta e irresponsable en materia penal, sino que tiene que ser restrictiva y limitada por razones de orden legales, éticas y morales, dentro de un margen racional en derecho, pues no se concibe que bajo la figura de la inmunidad se evada la acción de la justica y se imposibilite juzgar ciertas actuaciones que dañan y lesionan a otras personas en sus bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, y que constituyen infracciones penales. Se entiende así que la inmunidad parlamentaria contemplada en la Carta Magna es relativa, es decir, un asambleísta sí puede ser enjuiciado penalmente por actos que derivan del ejercicio de sus funciones, así como por actos que no sean consecuencia de su actividad legislativa.

En definitiva, hay que indicar que civilmente las y los asambleístas son absolutamente irresponsables, sin que quepa posibilidad alguna de iniciar un proceso jurisdiccional en su contra, siendo que la disposición constitucional establece el requisito de autorización previa de la Asamblea Nacional exclusivamente para las causas penales. De ahí que expresamente la norma constitucional está reconociendo la posibilidad de enjuiciamiento penal en contra de las y los asambleístas, con la precisión de que dicho enjuiciamiento se puede dar en dos situaciones. La primera que es para el caso de delitos cometidos por una o un asambleísta en el ejercicio de sus funciones, en cuyo evento se aplica la inmunidad antejuicio, es decir, se requiere autorización de la Asamblea Nacional, para iniciar el enjuiciamiento; y el segundo caso que hace referencia a delitos cometidos por una o un asambleísta con ocasión de una actuación particular que nada tiene que ver con el ejercicio de sus funciones en cuyo caso no se necesita de autorización previa de la Asamblea Nacional, pues la misma disposición constitucional establece una excepción, señalando imperativamente “excepto” en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, al utilizar la palabra excepto cuyo significado del diccionario de la Real Academia Española es “A excepción de, fuera de, menos” y de excepción “Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie”, subyace la idea de que existe una circunstancia particular que queda fuera de la regla, a la que no le es aplicable el precepto general, pues es un contrasentido utilizar la excepción sin que no se exceptúe nada, solo hay excepción precisamente cuando algo o alguien quedan al margen de la situación general: así se infiere que el requisito de autorización de la Asamblea Nacional para iniciar juicio penal se aplica exclusivamente para el caso de delitos cometidos como consecuencia del ejercicio de sus funciones, dejando fuera de esta regla por disposición expresa a los delitos cometidos por las y los asambleístas como consecuencia de actos particulares que no corresponden a su competencia como legislador, en cuyo caso procede el enjuiciamiento penal conforme a las normas legales que rigen este procedimiento sin que medie otro requisito. De ahí que el interpretar que la inmunidad antejuicio se aplica también a aquellas infracciones cometidas como consecuencia de un obrar particular, y fuera de sus competencias y atribuciones como asambleístas, no se sustenta, pues la inmunidad lo que protege es la actividad del legislador como tal, mas no sus actuaciones dentro de la esfera privada, estos actos no son objeto de protección bajo la figura de la inmunidad, es así que no se puede pretender que por gozar de inmunidad, se exija la autorización de la Asamblea Nacional para aquellos actos ajenos por completo a la actividad legislativa, pues este no es el espíritu de la institución de la inmunidad parlamentaria conforme quedó expuesto.

Respecto a la función de fiscalizar.- Una vez que se ha determinado que procede el enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta sin que medie el requisito de autorización de la Asamblea Nacional, en aquellos casos que no están relacionados con el ejercicio de sus funciones, corresponde entonces determinar si los hechos denunciados y que son materia de juzgamiento corresponden a actos que se enmarcan dentro de las atribuciones y competencias como Asambleísta, o si por el contrario, estos actos fueron realizados de manera particular, y por ende, no se enmarcan dentro de las funciones que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este sentido, tenemos que los hechos que dan lugar a la acusación particular, conforme afirma el querellante en su acusación, es la denuncia presentada por José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia en la Fiscalía General del Estado, en la que acusan al señor economista Rafael Vicente Correa Delgado, de autor de varios delitos, como los tipificados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, (crímenes de lesa humanidad) y los tipificados en los artículos 128, 135, 137, 138 y 146 del Código Penal ecuatoriano. Es esta denuncia la que luego del proceso correspondiente fue calificada de maliciosa y temeraria por el Conjuez doctor Richard Villagómez Cabezas, y la que da lugar a la presente acusación particular –querella-.

Los querellados señalan que ellos han denunciado en cumplimiento de las funciones que dispone la Constitución en su artículo 120.9, que establece: “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:

9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias” . (El sombreado me pertenece)

Es necesario que primeramente definamos lo que significa fiscalizar como atribución de la función legislativa. En este sentido fiscalizar es el control político orientado a constatar el cumplimiento o incumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley otorgan a los organismos del Estado. La función de fiscalizar dispuesta por la Constitución hacia la Asamblea corresponde al deber que tiene este organismo de exigir a las otras funciones del Estado, lo correspondiente a sus actuaciones como por ejemplo respecto a las operaciones financieras. Este control exige que el gobierno informe abiertamente a la Asamblea la forma como ejerce sus potestades y como gestiona los recursos que le son otorgados por la Constitución y la Ley.

La fiscalización, como control político con responsabilidad, reside también en hacer que funcionen los procedimientos, plazos y herramientas de gestión pública por parte de la institucionalidad estatal, y en caso de encontrar deficiencias por parte de esta, corresponde a la Asamblea Nacional asumir la tarea legisladora para fortalecer su trabajo con nuevas leyes, reformatorias o interpretativas. No consiste en apropiarse del rol de jueces y juezas mediáticos para proclamar responsabilidades administrativas, civiles o penales, anunciar los directos responsables y así querer reemplazar a las entidades encargadas de hacerlo. En sí, fiscalizar es exigir más responsabilidad.

En este sentido, y en concordancia con lo señalado por la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina como funciones de la Asamblea Nacional: “Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes: (…) Nral. 9.- Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.

La manera en la que se exterioriza la Fiscalización es por medio de solicitudes de informes, su estudio pormenorizado, seguimiento de las políticas públicas, revisión de la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de metas y objetivos, la ampliación en la cobertura de servicios, la construcción de indicadores, el desarrollo de las variables, entre otros. Por esto, si bien el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que esto le corresponde tanto a las y los asambleístas, como a la Comisión Especializada, la antes citada Ley señala en el artículo 75 que el mecanismo es a través de informes como lo cito a continuación: “Art. 75.- Información.- Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en los artículos 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República”. En este sentido, esta función del Estado puede solicitar la comparecencia de una autoridad del sector público a fin de que exponga sobre lo que se está investigando o fiscalizando, llegando al punto de poder iniciar enjuiciamiento político a “…solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado” (art. 131 de la Constitución) (el sombreado me pertenece)

Es decir que la fiscalización ejercida por la Asamblea Nacional o sus miembros tiene un procedimiento propio dado por el seno del organismo como lo establecen la Constitución y la Ley. Es así que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional es la responsable de la sustanciación de los procesos de fiscalización solicitados por los Asambleístas, a través de informes, los mismos que posteriormente serán conocidos por el pleno del organismo. Así también esta Comisión puede socializar con la ciudadanía el proceso de fiscalización mediante foros y encuentros con la ciudadanía como forma de medir y fortalecer los procesos de rendición de cuentas. Esta Comisión puede archivarlos o calificarlos, de ser esta última la decisión pasaría al conocimiento del Pleno de la Asamblea para su enjuiciamiento y finalmente censura del funcionario responsable de ser necesario.

Claramente se observa que la tarea de fiscalización dispuesta por la Constitución en el artículo 120.9 tiene un orden y procedimiento normado el cual se desarrolla a lo interno de la Asamblea Nacional, muy a lo contrario de lo que señala la defensa de los querellados quienes dicen que la fiscalización ejercida por los Asambleístas consiste en poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Para el profesor de derecho Político y Constitucional chileno, José Luis Cea Egaña la palabra fiscalizar significa hacer el oficio del fiscal, es decir el solicitar a los otros poderes del Estado la obligación de involucrarse o comprometerse a ciertos acuerdos, tiene características y un procedimiento definido. Señala que es un juicio valorativo de algún hecho. Fiscalizar es llamar a la opinión pública a fin de hacer un juicio de valor.

Un ejemplo de lo que es Fiscalizar y le corresponde a la Asamblea Nacional con respecto a las funciones del ejecutivo lo encontramos en la sentencia de la Corte Interamericana Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador, Sentencia de 22 de Noviembre de 2007 (fondos, reparación y costas) en el punto 121 señala: “La Corte ha manifestado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas”.

De lo analizado, y atendiendo el axioma que en Derecho Público “lo que la ley no permite se entiende que lo prohíbe”, en consecuencia solo se puede realizar lo expresamente permitido por la ley. Se advierte que las competencias de la Asamblea Nacional y de las y los asambleístas deben estar expresamente determinadas en la ley. De esto se infiere claramente que la ley no contempla dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, ni mucho menos de las y los asambleístas, el presentar denuncias penales en contra de servidores o autoridades públicas. En consecuencia, la denuncia presentada por el señor José Cléver Jiménez Cabrera en contra del señor economista Rafael Vicente Correa Delgado, ante la Fiscalía General del Estado, aunque él señale que lo hizo en uso de su función como Asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, constituye una denuncia como persona particular, en uso de su libertad y derecho constitucional , como sujeto que se desenvuelve dentro de un Estado Constitucional de Derechos, puesto que como ya quedó demostrado la ley no le facultaba al asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera el presentar la mentada denuncia alegando el cumplimiento de fiscalización, tanto más que dicha denuncia la firman otras dos personas que son los señores Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, médico cirujano en libre ejercicio profesional y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, vocero del movimiento político “POLO DEMOCRATICO” quienes no ostentan la dignidad de asambleístas. Así, que no se puede considerar como un acto del legislador, una denuncia suscrita en conjunto y en un solo acto con otras personas particulares como un acto de fiscalización, función dada únicamente a la Asamblea Nacional.

Por lo expuesto, queda claro que la denuncia presentada por los ciudadanos querellados, constituye un acto de personas particulares en uso de su derecho a denunciar, a sabiendas de la responsabilidad penal que acarreaba el reconocimiento de dicha denuncia, estamparon su firma y rúbrica como un acto de estar conformes con el contenido de dicha denuncia, pese a la advertencia realizada por el señor Fiscal General del Estado, como se observa en el acta de reconocimiento de denuncia de 4 de agosto de 2011 a las 12h25 en la cual se señala “advertidos que fueron sobre las responsabilidades penales y civiles que originan la presentación de denuncias temerarias y maliciosas, reconocen sin juramento como suyas las firma y rúbrica que obran al pie de la denuncia que antecede” . De ahí que los hoy querellados estaban conscientes de la responsabilidad que tenían al reconocer su denuncia, no obstante así lo hicieron de manera voluntaria, sujetándose por ende a las consecuencias jurídicas que se derivan de dicho actuar procesal.

De todo lo antes referido, se colige que la actuación del ciudadano José Cléver Jiménez Cabrera, que hoy es materia de juzgamiento –la presentación de la denuncia y la posterior calificación de maliciosa y temeraria – es un acto que no guarda relación con el ejercicio de sus funciones, por no estar enmarcado dentro de las atribuciones y competencias de las y los Asambleístas reconocidas en la Constitución y la ley, menos aún se puede decir que la denuncia fue puesta como un acto de fiscalización, función que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional, que es el órgano que tiene como competencia exclusiva la de fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado. En consecuencia, en la especie no se necesitaba de autorización de la Asamblea Nacional para iniciar enjuiciamiento penal en contra del asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera, como así aconteció. Por lo tanto queda sin asidero constitucional y legal la fundamentación realizada por el procesado José Cléver Jiménez Cabrera, respecto a la inmunidad parlamentaria, adquiriendo validez y eficacia todo lo actuado en el presente proceso penal.

4.2. Respecto a la existencia de la infracción y la responsabilidad de los querellados, en nuestro país rige el sistema penal acusatorio, el cual por su naturaleza y características, confía y atribuye el impulso y desarrollo del proceso penal a las partes, impidiendo que la o el juzgador de oficio disponga o actúe diligencias procesales, salvo ciertas excepciones. Así, al juzgador le compete sustanciar el proceso y resolver únicamente en virtud de las actuaciones de las partes y de las constancias procesales puestas a su vista, es así que el principio dispositivo adquiere plena vigencia y trascendencia en este sistema, más aun en los delitos de acción privada en los cuales solo las partes procesales pueden pedir y actuar prueba, de ahí que la actuación de la o el juzgador está sujeta a la iniciativa de los sujetos procesales. Bajo este orden de ideas, el querellante soporta la carga de la prueba, en consecuencia, le corresponde probar los hechos que han dado lugar a la presente acusación, y que han sido negados por los querellados; más aun cuando el Código de Procedimiento Penal establece en los artículos 85 que “La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado”. En el 250 que “En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o absolverlo”; y en el 252 “La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción Fiscal.” Corresponde entonces entrar a apreciar y valorar la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica y los principios legales que rigen tal valoración, a fin de determinar si el querellante ha logrado probar la acusación formulada. Es decir, si se ha comprobado o no conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. En este sentido, previo a la valoración del acervo probatorio, se realiza el siguiente razonamiento judicial: 4.2.1 Hay que partir que el delito por el cual han sido acusados los querellados es el tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que dice: ”Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio”; a través de este tipo penal se protege los bienes jurídicos del honor y la honra, o como lo denomina Carlos Creus el honor objetivo y subjetivo , protección que incluso tiene rango constitucional y convencional, así la Constitución de la República dentro de los derechos de libertad en el artículo 66.18 consagra lo siguiente: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques; la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en el artículo 11 establece lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. En principio, tanto el honor como la honra son concebidos como el conjunto de cualidades éticas, morales, jurídicas, atribuidos a las personas, relacionados eminentemente con el buen nombre, prestigio, y reputación, en la medida que estos sean reconocidos por el orden social. No obstante hay que indicar que entre estos existe una sutil diferencia, así, el honor es eminentemente subjetivo, pues es el propio juicio y valor que hace una persona sobre sí, independientemente de opiniones ajenas, de manera que es un sentimiento interno; mientras que la honra es siempre una apreciación externa, pues es la ponderación y concepción que tienen terceros respecto de una persona en lo relativo a su conducta y relaciones éticas o sociales, lo que le da un carácter objetivo, en definitiva, es lo que se entiende como reputación social, así se puede decir que el honor se ostenta, mientras que la honra se recibe.

Por otra parte, si bien la infracción tipificada en el artículo 494 protege el honor, esta también irradia sus efectos hacia la administración de justicia, puesto que si bien se sanciona la temeridad y malicia con que obra el o los sujetos procesales, en cuanto esta actuación lesiona el honor y la honra de quien es sujeto de la denuncia o acusación, no es menos cierto que producto de ese obrar, la Fiscalía General del Estado, como ente encargado de llevar a cabo la investigación de los hechos que lleguen a su conocimiento vía denuncia, y que presumiblemente constituyen infracciones penales de acción pública, despliega todo el aparataje humano y material para llevar a cabo dicha investigación, y de ser el caso, acusar a los presuntos responsables, de manera que cuando se pone en su conocimiento hechos que no cuentan con una mínima posibilidad de certeza, o se denuncia hechos que objetivamente no ocurrieron como los denunciantes lo expresan, la actuación de la Fiscalía resulta por más intrascendente, ejecutando acciones inoficiosas e infructuosas, realizando un desgaste en vano de estos recursos, los mismos que bien podrían ser utilizados para investigar aquellos hechos que de alguna manera si evidencian una aparente conducta delictiva. Es así, que la tipificación de esta infracción también produce efectos colaterales en cuanto tiende a proteger que se denuncien hechos que realmente potencialicen una investigación procesal que concluya con una acusación y posterior sanción, evitando el ejercicio no razonable de formular denuncias alejadas de los fines de la administración de justicia.

4.3 Respecto a los elementos constitutivos de la infracción del delito,

De la descripción del tipo penal tenemos que los elementos que configuran este delito es haber propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio. En este sentido, tenemos que este artículo encuentra su fundamento en el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal que señala “La Jueza o Juez de Garantías Penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o maliciosas. El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y perjuicios. En caso de que la Jueza o Juez de Garantías Penales también las hubiere calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderá, además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal”. (El sombreado me pertenece). A su vez se advierte que la disposición del artículo innumerado posterior al artículo 39 ibídem, contempla la posibilidad de que se declare la temeridad o malicia cuando el Juez resuelve el archivo de la investigación solicitado por el Fiscal. Así, el artículo antes mencionado textualmente dice: “En todos los delitos, que lleguen a conocimiento de la fiscalía sea por partes informativos, informes o por cualquier otra noticia del ilícito en tanto no se hubiere iniciado la instrucción fiscal, el fiscal podrá solicitar al Juez de Garantías Penales el archivo provisional de la investigación, cuando de ella no se haya podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación. De encontrarse nuevos elementos de convicción, el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite. Si no se llegaren a establecer elementos de convicción, la investigación penal se archivará definitivamente dentro de un año en los casos de delitos sancionados con prisión y dentro de dos años en los casos de delitos sancionados con reclusión. El ofendido podrá solicitar al fiscal la reapertura de la investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante el fiscal superior, quien tendrá facultad de revocar la decisión de archivo y disponer que se continúe con la investigación, decisión que la adoptará en el plazo máximo de diez días. Transcurrido el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal hará conocer al Juez de Garantías Penales, quien verificará las exigencias legales y de ser el caso declarará la extinción de la acción y dispondrá el archivo definitivo del caso, calificando si la denuncia es maliciosa o temeraria”. (El sombreado me pertenece). De las disposiciones antes transcritas se infiere que la declaración de maliciosa o temeraria se puede realizar en dos momentos, o bien cuando se dicta el sobreseimiento definitivo, o bien cuando se resuelve el archivo de la investigación solicitado por el Fiscal, tanto más que existe una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que ratifica lo expresado en el artículo innumerado posterior al artículo 39, que en su parte pertinente señala: “Que no existen razones suficientes que justifiquen afectar el principio de igualdad jurídica y que en consecuencia, hagan razonable limitar dicha obligación de los jueces, exclusivamente a los delitos de acción privada; así como resulta mucho menos razonable que la exigencia de calificación de temeridad y malicia deba constreñirse a los casos de expedición del auto de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, inobservando con ello, la expresa disposición del Código de Procedimiento Penal, invocada en el considerando segundo de la presente Resolución. Que además de lo anterior, resulta evidente que la temeridad o malicia de la denuncia no depende de la evolución que haya tenido el proceso penal, siendo que por el contrario, la lesión del derecho al honor y al buen nombre, se produce desde el momento mismo en que se formula la imputación temeraria o maliciosa, independientemente de que la misma haya o no causado el efecto de superar la etapa de indagación previa y las posteriores etapas procesales. Que en cualquier caso, la obligación de los jueces de calificar la temeridad o malicia de las denuncias formuladas en los delitos de acción pública, de ninguna manera afecta el ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la Fiscalía General del Estado, siempre que dicho ejercicio haya observado las garantías del debido proceso y los principios de transparencia y lealtad procesal; (…) RESUELVE: Disponer que la obligación de las juezas y jueces de garantías penales, a que hace referencia la Resolución s/n de fecha once de enero del año dos mil doce, publicada en el Registro Oficial número 633, de tres de febrero del mismo año, de calificar la temeridad o malicia de las denuncias, debe cumplirse también en los delitos de acción pública, así como en los casos de desestimación y archivo definitivo previstos en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal” (el sombreado es del texto). Es así que la situación jurídica que da lugar a la infracción es la declaración de maliciosa y temeraria de la denuncia, en cuanto lo manifestado en esta, lesiona el honor y la honra contra quien se dirige la denuncia, se le imputa una conducta delictiva que no ha podido ser probada, ya sea porque en la fase de indagación previa no existieron indicios suficientes, elementos de convicción que hagan presumir de que efectivamente existe la posibilidad de que se ha cometido una infracción, o bien porque durante la instrucción o etapa de juicio no se logró recoger la prueba suficiente que permita comprobar la formulación de cargos o la acusación. En definitiva lo denunciado no obedece a la realidad histórica. Si bien es cierto, como lo asumen los querellados, la denuncia fue realizada en ejercicio de cumplir con un deber ciudadano establecido en el artículo 83.8 de la Constitución de la República “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: …8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción…”, esta norma constitucional no les otorga autorización para proferir improperios y ofensas en contra de la persona denunciada. De lo dicho tenemos que para que se configure la infracción tipificada en el artículo 494 del Código Penal debe cumplirse una condición de prejudicialidad , esto es, que la denuncia haya sido calificada de maliciosa y temeraria por una Jueza o un Juez de derecho, situación que ha sido probada por el querellante con la prueba documental practicada, así se ha justificado que los querellados José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado el 04 de agosto de 2011, en contra del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, acusándolo de cometer los siguientes delitos: 1. tipificados en el artículo 8 letra b) del Estatuto de Roma 2. Incitación al caos político. Incitación para la discordia civil. 3. Alteración del orden constitucional. 4. Incitación a la rebelión de la fuerza púbica. 4. Lesiones a personas civiles, militares, policías, y muerte de un ciudadano civil. 5. Otros delitos de lesa humanidad como encarcelamiento por más de medio año (artículo 7 literal e) del Estatuto de Roma, persecución a un grupo o colectividad con identidad propia (artículo 7 literal h) del Estatuto de Roma. Concomitantemente, se ha probado que luego del trámite de indagación previa, la antes referida denuncia fue desestimada por el Fiscal, quien solicitó el archivo de la denuncia e indagación previa. Luego se prueba que el doctor Richard Villagómez Cabezas, Conjuez Nacional, con fecha 09 de mayo del 2011, a las 11h00, calificó a la denuncia de maliciosa y temeraria. En consecuencia, se ha configurado y ha justificado el primer elemento de la infracción, esto es la denuncia y la posterior declaración de maliciosa y temeraria. Cabe indicar que la defensa de los querellados José Clever Jiménez Cabrera y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa impugnaron la prueba documental practicada por el querellante, bajo el argumento de que se ha violado la condición de reserva de la indagación previa, al respecto hay que indicar que si bien la fase pre-procesal de investigación es reservada, en el presente caso estamos ante una indagación que ha finalizado, en razón de la desestimación del Fiscal General del Estado, y la posterior resolución de archivo del Conjuez Nacional doctor Richard Villagómez Cabezas, decisión judicial que fue adoptada en audiencia oral y pública en la que intervinieron los denunciantes hoy querellados representados por el doctor Ramiro Román Márquez, por ende al haber concluido dicha fase, procede que se adjunte documentación perteneciente a la misma, sin que con esto se viole el principio de reserva.

Ahora bien, se ha establecido que el querellante ha justificado la condición de prejudicialidad que se requiere para el tipo penal acusado, sin embargo, no es menos cierto que esta prejudicialidad no enerva la responsabilidad del querellante de probar en la etapa de juico la temeridad y malicia, tal como lo expresa el tratadista Jorge Zavala Baquerizo: “La declaración del Juez de que la denuncia es maliciosa, no comprende por sí sola una declaración sobre la existencia del delito de injuria calumniosa judicial sino solo un supuesto de la acusación privada que tiene derecho a presentar la persona a quien se le imputó falsamente la comisión de un delito ”. Es así que la declaratoria de malicia y temeridad realizada por el Juez, por sí misma no constituye prueba suficiente para acreditar la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, debiendo el querellante probar tal temeridad y malicia, a lo que subyace la condición que debe demostrarse el dolo y el animus injuriandi en el actuar de los querellados.

4.4 Conceptos para el análisis, es necesario referirnos a lo que significa denuncia, temeridad y malicia. Ricardo Vaca Andrade, citando a Fenech indica que “Entendemos por denuncia el acto procesal consistente en una declaración de conocimiento emitida por una persona determinada, en virtud de la cual proporciona al titular del órgano jurisdiccional la noticia de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta ”. Concepto que en materia penal se materializa en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública debe presentar su denuncia ante el Fiscal. A continuación definiremos los términos de temeridad y malicia que guardan relación con los principios de buena fe y lealtad procesal y gratuidad .

Por conducta temeraria se entiende que esta se da cuando “existe la certeza o una razonable presunción de que se litiga sin razón valedera y se tiene conciencia de ello; es la facultad de accionar ejercida arbitrariamente, sea deduciendo pretensiones o defensas cuya falta de fundamento es evidente, y haría que no se pudieran alegar merced a la ausencia de una mínima pauta de razonabilidad…la temeridad alude a una actitud imprudente o desatinada, echada a los peligros sin medir sus consecuencias. Es un dicho o hecho sin justicia ni razón y destinado, especialmente, a aprender valores morales del prójimo” y cuando hablamos de malicia entendemos que “hay dolo, es decir la intención de causar daño al adversario, y en esto se distingue de la actitud dilatoria” , el mismo autor señala que ”malicia supone la condición de malo, maldad, malignidad; presupone dolo y mala intención, designios encubiertos y una propensión al mal moral y material” . La malicia tiene dos acepciones la primera es cuando se trata por todos los medios de retardar un proceso y la otra cuando existe una mentira procesal, esta última se da cuando los hechos alegados no son de difícil comprobación y la naturaleza del proceso hace presumir que había interés en invocarlos falsamente, aquí se puede advertir la intención de engañar, de aquí que ciertas mentiras son ilícitas y pueden causar un grave daño a la persona en si mismo.

Estas conductas, especialmente la temeridad, busca agraviar los valores morales de un sujeto, por esta razón se advierte que una vez declarada una denuncia de maliciosa y temeraria, no solo se reclame daños y perjuicios sino que se pueda iniciar un proceso penal, lo cual se prevé en la normativa penal.

En este sentido tenemos que los querellados en su denuncia realizan una serie de afirmaciones referente a los hechos que motivaron la misma en contra del ciudadano Rafael Correa Delgado, y que han sido desvirtuadas por el querellante en la audiencia final a través de la prueba testimonial. Así los testigos Oscar Bonilla Soria , Carmen Irina Cabezas Rodríguez , Luis Francisco Latorre Salazar , José Gabriel Rivera López , han sido coincidentes, y se ha probado que el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, el día que acontecieron los hechos conocidos como del 30 S o 30 de Septiembre del 2010, estaba mermado en sus condiciones físicas y de salud, producto de una operación en su rodilla, que le impedía movilizarse con facilidad y ante la exacerbada actitud de los elementos policiales que protestaban en el Regimiento Quito el día 30 de septiembre de 2010 y la agresión de la que fue víctima, su salud empeoró, por lo que en un estado de indefensión y vulnerabilidad con el auxilio de su seguridad se refugió en el Hospital de la Policía Nacional, en donde recibió tratamiento ambulatorio. Siendo que en esas condiciones estaba imposibilitado de trasladarse a otro lugar, abandonando dicho centro de Salud cuando fue rescatado por personal de las fuerzas armadas ya en horas de la noche. Por lo tanto, las afirmaciones de los denunciantes, hoy querellados, de que el ciudadano Rafael Correa Delgado “habría abandonado el Hospital para dirigirse al Instituto Tecnológico Equinoccial…junto con el secretario Fernando Alvarado. Allí le habría acogido el doctor Álvaro Trueba Barahona, rector del citado instituto. Después de hacer algunas llamadas telefónicas, Alvarado se habría dirigido al palacio de gobierno en un vehículo no identificado que no era ningún vehículo oficial; mientras tanto Rafael Correa habría regresado al Hospital de la Policía para esperar que llegue la ansiada hora de “rescate”, del supuesto secuestro.”, carece de veracidad denotándose el falseamiento de la verdad y la inventiva en los hechos denunciados, siendo irrazonable y carente de toda lógica que el denunciado hoy querellante ejecute la comisión de infracciones penales tales como delitos de lesa humanidad, lesiones a personas civiles, militares y policiales, muerte de un ciudadano civil, además de atribuírsele la incitación al caos político, al caos civil y a la rebelión de la fuerza pública. Es necesario indicar que los querellados no únicamente presentaron la denuncia como un medio para hacer conocer la notitia criminis al Fiscal, sino que trascendieron a esta al impulsar la investigación solicitando la práctica de actos investigativos que demostrarían la veracidad de lo denunciado, llegando como se indicó anteriormente a reconocer la denuncia, pese a las advertencias realizadas por el Fiscal, acto en el cual se les comunicaba sobre las responsabilidades penales y civiles que originan la presentación de denuncias temerarias y maliciosas; y posteriormente en audiencia oral y pública convocada para resolver el archivo de la denuncia e indagación previa los denunciantes, hoy querellados, por medio de su defensor técnico doctor Ramiro Román Márquez se ratificaron en el contenido de la denuncia presentada en contra del ciudadano Rafael Correa Delgado, expresando en la audiencia que el ciudadano Rafael Correa Delgado habría perpetrado el presunto delito de lesa humanidad al disponer el ataque a la población civil que se encontraba en el interior del hospital de la Policía Nacional; quedando los denunciantes, hoy querellados, vinculados al proceso, pues como bien lo afirma el autor Jorge Zavala Baquerizo “si bien el denunciante “no será parte procesal”, como dice el artículo que comentamos, no se debe olvidar que si la denuncia es declarada temeraria, el denunciante pasa a ser sujeto pasivo del proceso civil que se inicia para la liquidación de los perjuicios derivados de la temeridad; y si la denuncia es falsa, o maliciosa, el denunciante pasa a ser sujeto pasivo del proceso penal que se inicie, ya para juzgar la falsedad, ya para juzgar la malicia. En efecto, entre las responsabilidades que se derivan de la situación jurídica de denunciante se encuentran las inherentes a los perjuicios (temeridad), y a la sanción penal (malicia y falsedad) que la ley señala para el que actúa imprudente o dolosamente, en su caso, en el momento de ejercer la facultad de denunciar. ” Por lo tanto, el querellante ha demostrado la conducta maliciosa y temeraria de los querellados, siendo evidente en el actuar de los querellados la voluntad de injuriar y de ofender, lo que se conoce como animus injuriandi , y una conducta dolosa , en cuanto los denunciantes en su denuncia presentada ante el Fiscal General del Estado le imputaron la comisión de delitos graves a sabiendas de que eran falsos.

Además de lo manifestado, la temeridad y malicia se evidencia en cuanto el Conjuez Nacional, Richard Villagómez Cabezas, al resolver la desestimación solicitada por el fiscal, no solo que califica la denuncia de maliciosa y temeraria, sino que resuelve lo siguiente: “Ofíciese a la Fiscalía General del Estado para que en virtud de lo que se dispone en esta decisión judicial se inicie de modo inmediato la investigación fiscal por los hechos relacionados con el presunto plagio del Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado ”, dando lugar a que los hechos denunciados tomen un camino procesal diferente al pretendido por los denunciantes. Siendo que estos hechos no eran constitutivos de infracción penal atribuible a la conducta del denunciado, hoy querellante, Rafael Vicente Correa Delgado, sino más bien que este fue víctima de una infracción penal que debe ser investigada con el fin de determinarse autores, cómplices y encubridores, siendo coherente la resolución de disponer una pronta investigación.

Se alega por parte de los querellados que en la especie no ha existido juicio penal, y que por ende no existe el tipo penal acusado. Al respecto cabe indicar lo siguiente, si bien el artículo 494 del Código Penal habla de juicio, este se entiende como “la contienda legal sometida a las resoluciones de los jueces” , que se inicia con la presentación de una denuncia . En este orden de ideas se advierte que lo que da lugar a la infracción tipificada en el artículo 494 es la declaratoria de malicia y temeridad realizada por la Jueza o el Juez Penal, puesto que lo que se protege es el honor y la honra, bienes que se ven soslayados cuando se da tal declaratoria, en consecuencia el delito no solo se configura únicamente cuando existe juicio penal, pues en este caso se dejaría en indefensión a las personas que se ven afectadas ante una denuncia temeraria o maliciosa, que no ha llegado a la etapa de juicio, sino también cuando existe tal declaratoria al resolverse el archivo de la denuncia solicitado por el Fiscal, o cuando se dicta auto de sobreseimiento. En este sentido, el tratadista Ricardo Vaca Andrade expresa que “una vez tramitado el proceso penal, si se logra establecer la malicia y temeridad con que ha actuado el denunciante, una declaración en tal sentido deberá formular el Juez o Tribunal Penal para que el falso o temerario denunciante responda penalmente por el delito tipificado en el Art. 494 del Código Penal o pague los daños y perjuicios que ha causado. Como nos indica claramente el Art. 51 del Código de Procedimiento Penal, el denunciante no es parte procesal, pero responde por los casos de denuncia maliciosa o temeraria. ”. Nótese que el tratadista en referencia habla sobre proceso penal, a lo cual subyace la idea de todo trámite sometido a resolución del Juez. Además, hay que tener en consideración que cuando el legislador estableció que la declaratoria de una denuncia como maliciosa o temeraria procede cuando la Jueza o el Juez resuelve la solicitud de archivo de la investigación pedida por el Fiscal, su intención precisamente fue que esta declaratoria surta efectos jurídicos. Así lo afirma Benjamín Concha Gazmuri cuando expresa “De otra parte existe un conocido aforismo legal que establece que las normas de derecho deben ser interpretadas en el sentido que produzcan algún efecto y no de manera que no produzcan ninguno ”. Siendo estos efectos precisamente la responsabilidad civil y penal que acarrea tal declaratoria, de ahí que estos hechos –la declaración de temeridad y malicia cuando se resuelve el pedido de archivo del Fiscal- se enmarcan en la infracción tipificada en el artículo 494, puesto que de no ser así la calificación de maliciosa o temeraria no surtiría efectos jurídicos lo que a toda luz representa un contrasentido con la intención del legislador expresada al tipificar el artículo 494. También se alega que al no existir juicio no se pudo probar los hechos denunciados, en consecuencia no se cumple con el elemento del tipo penal que determina “que no hubiesen sido probadas durante el juicio”. Al respecto, el juicio se da una vez que la o el Juez ha dictado el correspondiente auto de llamamiento a juicio, sin embargo, la condición de prejudicialidad que da origen a esta tipificación habla de la declaratoria de malicia y temeridad, la misma que como quedó demostrado en líneas anteriores por disposición expresa de la normativa adjetiva penal se puede dar al resolver el pedido de archivo del Fiscal, o al dictar el auto de sobreseimiento, entonces si la declaratoria se da en estos dos casos, es evidente que en ninguno de estos dos existe la etapa de juicio, siendo que no existe esta etapa porque lo denunciado es tan irrelevante jurídicamente, o carente de realidad objetiva, que resulta imposible recoger indicios o elementos de convicción que permitan de alguna manera presumir del cometimiento de la infracción, por lo tanto al ser los hechos carentes de relevancia jurídica, no cabe que sean objeto de prueba pues ni siquiera alcanzan la categoría de indicios, por lo tanto no puede concebirse que debe existir etapa de juicio para decir que no se han comprobado los hechos, pues la no comprobación también se da en las etapas antes mencionadas, ya que producto de esa no comprobación es que no se continua con las siguientes etapas del proceso penal.

4. 5 Con respecto a la prescripción de la querella alegada por la defensa de los querellados José Clever Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, es necesario señalar que, la Corte Constitucional para el periodo de transición en sentencia 020-10-SCN-CC dictada dentro del caso 030-10-CN, publicada en el primer suplemento del Registro Oficial 294, de 6 Octubre del 2010, con respecto a la prescripción en materia penal señala lo siguiente: “… SEPTIMA.- Es sabido que la prescripción en materia penal, como en las demás ramas del derecho, obedece al fenómeno uniformemente reconocido de la influencia del tiempo en las relaciones humanas, y consiste en la cesación de la potestad represiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito haya sido perseguido o sin que la pena haya sido ejecutada. Su fundamento hay que buscarlo ‘en la necesidad social de eliminar un estado de incertidumbre en las relaciones jurídico penales entre el delincuente y el Estado’ (Ferrer Sama). OCTAVA.- Siendo la prescripción un mecanismo que eventualmente, puede ser invocado por sujetos pasivos del proceso penal en caso de los jueces y tribunales no los tramiten en los plazos determinados en la ley, es indudable que la alegación de prescripción deben ser atendida por los juzgadores por constituir un derecho de los imputados en un ilícito, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la norma penal pertinente, pues el respeto de este derecho constituye una garantía del debido proceso conforme lo dispuesto en el Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República”. Siendo esta la regla general que efectiviza los derechos de los sujetos procesales intervinientes en un proceso penal, es necesario indicar que de conformidad a lo que establece el artículo 101 del Código Penal en los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el plazo de 180 días contados desde que la infracción fue cometida y ya iniciada la acción y citado el querellado antes de vencido el plazo señalado anteriormente la prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella. En el caso en concreto, el delito que se acusa es el tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se configura cuando la resolución judicial que hubiere declarado maliciosa y temeraria la denuncia presentada se ejecutorié, hecho que ocurrió el 9 de mayo del 2012, a las 11h00, siendo presentada la querella el día martes 24 de julio de 2012, es decir, dentro del plazo de 180 días, razón por la cual no opera la prescripción. Igualmente, desde la fecha de citación de cada uno de los tres querellados no ha transcurrido el tiempo determinado en el artículo 101 del Código Penal. Por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos dispuestos en el Código Penal, no es constitucional ni legal declarar la prescripción.

4. 6 Respecto a la Reparación Integral, los autores Juan Montaña Pinto y Angélica Porras, al referirse a la reparación integral, establecen que esta “consiste en volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho si esto fuera posible, y si no lo es, el objetivo subsidiario es subsanar el daño causado, daño que puede ser material o inmaterial para lo cual hay múltiples maneras de hacerlo, entre ellas la reparación económica” . En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 78 dispone el derecho que a la reparación integral de la siguiente manera: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”. La Corte Constitucional para el periodo de transición, en relación a la reparación integral en sentencia dictada el 08 de octubre de 2009, No. 0012-09-SIS-CC, en el caso No. 0007-09-IS, se pronunció indicando lo siguiente: “(…) esta Corte debe señalar que la reparación integral es una forma de hacer justiciables y garantizar los derechos contenidos en la Constitución. Su incumplimiento da paso a que las garantías secundarias actúen para que sus disposiciones sean observadas, por lo que la obligación Estatal no se limita a remediar el daño inmediato. Al contrario, debe reparar el daño íntegro, incluso aquellos que no forman parte de la pretensión del accionante, pero que se deslindan a partir de la violación del derecho fundamental. Esta Corte hace suyo el compromiso real del Estado en plantear una verdadera reparación integral, pues no basta el reconocimiento oficial de una violación a los derechos fundamentales o constitucionales, sino que debe existir una reparación de los daños de manera ejemplar para procurar que esos daños no vuelvan a ocurrir. De esta manera, la reparación integral debe ser eficaz, eficiente y rápida. También debe ser proporcional y suficiente. Por este motivo, resulta coherente que el Estado no sólo se vea obligado a garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, sino que proponga los medios necesarios para que sus dictámenes y reparaciones sean realmente cumplidos. No basta con que los derechos fundamentales se establezcan en las normas constitucionales, ya que de nada serviría la preeminencia de ellas si no son justiciables. Al contrario, las garantías constitucionales deben ser entendidas como un derecho vinculado a la tutela efectiva y la reparación de un condicionamiento obligatorio del Estado en búsqueda de su cumplimiento para que sean derechos plenamente justiciables y no meramente programáticos”. La Corte Nacional de Justicia, en fallo dictado el 28 de mayo de 2012, a las 09h00 en el caso No. 786-2011 , expresó: “la garantía constitucional de reparación integral para las víctimas de delitos, es un avance en la realización del derecho a la reparación, que en el caso ecuatoriano se enfocaba únicamente en la reparación económica. La Corte Interamericana ha desarrollado en varias de sus sentencias como debe ser cumplida una reparación integral, por lo que formula cinco dimensiones: “…- La restitución, que busca restablecer la situación previa de la víctima. Incluye entre otros, el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de bienes y el empleo. – La indemnización se refiere a la compensación monetaria por daños y perjuicios. Incluye tanto daño material, como físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas mentales, reputación).- La rehabilitación alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad.- Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio, las sanciones contra perpetradores, la conmemoración y tributo a las víctimas. – Las garantías de no repetición pretenden asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También requieren reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la repetición de las violaciones”. Por lo tanto, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la definición de medidas de reparación debe desarrollarse en el caso en concreto, atendiendo al tipo de infracción penal, el impacto de la misma, las circunstancias del caso, las pretensiones de la víctima y los estándares jurídicos internacionales. En el caso sub iudice, es necesario analizar el efecto que las injurias vertidas en la denuncia que fue declarada como maliciosa y temeraria han tenido en la persona del ciudadano economista Rafael Correa Delgado, donde se ha comprobado que ha sido lesionado su honor y su honra, produciéndose así un daño tanto material como inmaterial . No obstante, debido a la naturaleza y características de los bienes jurídicos lesionados, resulta imposible que las cosas vuelvan al estado anterior de la vulneración, de ahí que la reparación debe estar encaminada a remediar y subsanar de alguna manera tales violaciones, adoptándose medidas de indemnización, satisfacción y garantías de no repetición; además debe tenerse en cuenta el medio y las formas en que fueron vertidas las injurias, así como por la función que ejerce el afectado, puesto que en razón de estas circunstancias, los efectos que producen las injurias tienen un amplio campo de expansión, ejemplo de esto es la alarma y conmoción social que se generó a partir de los hechos denunciados, siendo necesario que se reconozca la reparación integral al ciudadano querellante Rafael Vicente Correa Delgado

5. CONCLUSION JUDICIAL:

La prueba actuada por el querellante permite considerar que se ha probado conforme a derecho la falsa imputación de delitos al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, el 30 de septiembre del 2010, hechos denunciados a la Fiscalía General del Estado, por los ciudadanos querellados José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, el 4 de agosto de 2011, a las 14h30, institución que una vez realizada la investigación resolvió desestimar la denuncia solicitando el correspondiente archivo. Denuncia que, archivada, fue declarada como Maliciosa y Temeraria, mediante resolución judicial dictada por el Conjuez Nacional Dr. Richard Villagómez Cabezas.

POR LO EXPUESTO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declaro que se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal; y que se encuentra probada la participación de los señores José Cléver Jiménez Cabrera, ecuatoriano, Asambleísta Provincial de Zamora Chinchipe, de estado civil casado, de 44 años de edad, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, ecuatoriano, Médico, de estado civil divorciado, de 48 años de edad, y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, ecuatoriano, de estado civil casado, de 46 años de edad, a quienes se declara culpables en calidad de autores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha. Por cuanto el querellado Carlos Eduardo Figueroa Figueroa ha justificado las atenuantes establecidas en el artículo 29 numerales 6 y 7 del Código Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 ibidem se modifica la pena impuesta, a 6 meses de prisión y multa de 8 dolares de los Estados Unidos de Norteamerica. Se dispone la suspensión de sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual a la condena conforme el artículo 60 del Código Penal. Se reconoce el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos querellados José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia. En dos mil dólares se fija los honorarios del defensor técnico del querellante. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 

 

 

Dra. Lucy Blacio Pereira.

JUEZA NACIONAL.

 

Lo Certifico.-

 

 

Dra. Sara Isabel Jiménez Murillo

SECRETARIA RELATORA ENCARGADA