Este gobierno ha implementado medidas para proteger a los pueblos no contactados, según ex ministra Aguiñaga

    El gobierno ha hecho una fuerte inversión y un gran esfuerzo para cumplir con las medidas cautelares sugeridas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para proteger el habitad de los pueblos no contactados del parque nacional Yasuní, dijo la ex ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga, al referirse a las críticas de ambientalistas y dirigentes indígenas que responsabilizan al Estado por la presunta muerte de 30 taromenanes, producto de un enfrentamiento con los waoranis.

    “Es el único gobierno que realmente ha planteado soluciones reales para reducir las amenazas de los pueblos no contactados”, indicó.

    Aguiñága mencionó entre esas medias, la determinación de las amenazas para esos pueblos, la reversión al estado del campo Armadillo, la exigencia de mitigación de daños ambientales en dicho campo a pesar de que se encuentra fuera de la zona intangible y del parque Yasuní, el establecimiento de planes de contingencia en otros bloques cercanos a la zona en caso de avistamiento de indígenas no contactados, la instalación de sensores especiales que permiten captar imágenes para conocer los desplazamientos de estas personas, el establecimiento de una estación en la zona de Shiripuno donde antes se realizaba una tala selectiva de forma ilegal para controlar esa actividad.

    Según la ex ministra el ámbito en el que puede intervenir el Estado en este caso es muy limitado, es un tema extremadamente complejo, porque al tratarse de pueblos nómadas, no entienden de delimitaciones o zonas intangibles.

    Indicó que la amenaza que enfrentan estos pueblos no solo es la actividad petrolera como dicen los ambientalistas y dirigentes indígenas, sino también la expansión de la frontera agrícola, la actividad maderera, el avance de los colonos en la zona, ante lo cual, el gobierno a través del ministerio del Ambiente, suspendió indefinidamente la entrega de licencias de aprovechamiento de recursos.

    Aguiñaga, informó que desde el 2007 cuando el Presidente Correa dispuso la implementación de las medidas cautelares, anualmente el gobierno presenta un informe ante la CIDH sobre el cumplimiento de las mismas.

    Confirmado.net/Sonorama

    - Publicidad Bottom Ad -