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El Telégrafo: Informe de evaluación a extensiones estará listo a inicios de abril

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Talento humano, infraestructura y gestión administrativa, son los tres criterios, a más de los 30 indicadores, que se tomarán en cuenta para la evaluación y acreditación de las 86 extensiones universitarias a nivel nacional. Así lo afirmó Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).

Esto en cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República, que establece que en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, (…) deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del Ceaaces.

De acuerdo al informe preliminar del Consejo, existen extensiones que no tienen profesores de planta, es decir, que recorren kilómetros de distancia para poder ejercer su docencia. Mientras que otro aspecto que no se pasará por alto es la estructura física de las extensiones.

“Para poder llamarse “universidad” debe contar con la infraestructura mínima, que no sea universidad de garage ni patio interno. Si vamos a ofrecer una carrera tiene que haber un laboratorio y conexión a Internet”, indicó Long.

La disposición transitoria quinta de esta normativa establece que el Ceaaces, en el plazo de 18 meses contados desde su instalación, realizará una depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características que mantengan las instituciones de educación superior fuera de su sede.

Para autorizar su funcionamiento, el Consejo emitirá las normas necesarias que tomarán en cuenta el tiempo de funcionamiento, infraestructura, necesidad local, disponibilidad de personal académico y existencia de otros centros de educación superior en la localidad.

Al respecto Marcelo Cevallos, presidente de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Educación Superior (CES), añadió que se trabaja en una normativa que establezca y exija a estas extensiones un plan de contingencia.

“Lo que dé como resultado de la evaluación del Ceaaces no implica el cierre inmediato de los programas académicos. Lo que sucederá es la suspensión de nuevas matrículas para las carreras que venían funcionando en esas extensiones”.

Para esto, el miembro académico del CES agregó que se establecerá un sistema de monitoreo para cumplir con estándares mínimos de calidad.

“Es decir, que no haya un abandono de la universidad ni que los estudiantes se queden sueltos. Así se garantizará su derecho de continuar sus estudios regulares en la modalidad y lugar en el cual fue ofertada la carrera”, indicó Cevallos.

Según el presidente del Ceaaces, la carrera de mayor oferta en estas extensiones es educación. “Cerca de 13.000 estudiantes son los que cursan carreras de educación. Por lo que hay que ser duros y tener mano firme en el momento de evaluar estos lugares”, expresó.

Para Long, el problema de estas extensiones surge de una herencia del neoliberalismo. “Hubo una época en la que creamos muchas carreras, sin un asevero académico, para seducir al estudiante, quien no era percibido como sujeto de derecho, sino como un cliente, para seducirlo con nombres de carreras extravagantes”, afirmó.

Asimismo, explicó que 45 universidades fueron creadas entre 1992 y 2006, la mayoría ingresó en la categoría baja. “Las universidades fueron creadas por el Congreso, se volvió una fábrica de las mismas. Mientras que las extensiones fueron creadas por el desaparecido Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, (Conuep) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup)”.

Long insistió que el objetivo de esta evaluación consiste en mejorar la calidad educativa. “No estamos en contra de ampliar la oferta. Al contrario, ojalá podamos incrementar la matrícula y tener cada vez más estudiantes en las universidades. Pero si creamos ofertas irresponsables de mala calidad, lo único que estamos haciendo es reproducir las discriminaciones históricas que han existido en el país”.

 

El Telégrafo / Confirmado.net

 

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